domingo, octubre 21, 2018

 

 

Estamos inmersos en un empeoramiento del clima social semana tras semana. Si un observador externo examinara nuestro país a día de hoy, y lo comparara con la situación de hace tres meses, llegaría a la conclusión de que algo muy relevante ha ocurrido y se lo está perdiendo.

Nada más lejos de la realidad. Nuestra economía sigue mostrando evidencias de un crecimiento económico sólido, que se prolongará, al menos, durante este año; seguimos creando empleo, e incrementando paulatinamente la calidad del mismo; las condiciones financieras permiten aumentar el flujo de crédito con un Euríbor al -0,2%; y un largo etcétera. Es cierto que no debemos conformarnos con lo logrado, tenemos retos muy relevantes por delante. Sin embargo, azuzar a grandes masas sociales desde los medios de comunicación y volver a los errores del pasado no es el camino a seguir.

Las huelgas por los derechos sociales se suceden, con riesgo de incrementarse durante los próximos meses. Me pregunto qué habrá cambiado entre la España de marzo de 2018 y la de los últimos años para que una minoría selecta se considere con la responsabilidad de generar un ambiente de crispación y malestar social como el que se está creando. En lugar de asumir la recuperación económica como una puerta llena de oportunidades para volver a crear el país que nos situó en primera plana internacional, algunos partidos políticos y los sindicatos se dedican a construir minorías a medida sobre las que apalancarse para dar discursos ajenos a la realidad y, lo que es más importante, dividir a la población.

Un ejemplo claro son las pensiones. A día de hoy, afortunadamente, la mayor parte de la población tenemos asumido que el sistema actual de reparto no es sostenible en el tiempo. ¿Cuál es la solución propuesta? Más impuestos, más empleo, más deuda… más de lo mismo. La huelga y el debate social en torno a las pensiones, tras 40 años que de funcionamiento de nuestro sistema de Seguridad Social, demuestran que la única manera que tenemos de proteger el estado de bienestar es hacerlo sostenible. Ningún derecho, por fundamental que sea, está garantizado si no se puede pagar. Los jubilados ya llevan muchos años perdiendo poder adquisitivo y, sin embargo, deciden echarse a la calle bajo un Gobierno del Partido Popular. ¿Casualidad? No. Más bien oportunismo político.

Si al menos esta situación sirviera para poner encima de la mesa y debatir soluciones reales, capaces de dar respuesta a las necesidades del conjunto de la población, estaríamos ganando algo. Pero no es así. La situación solamente conduce a generar un clima de emergencia social irreal y enfrentamiento intergeneracional. Soluciones como la propuesta en este blog (click aquí para leer), que hayan funcionado a nivel internacional, o que sean capaces de aportar un mínimo de sostenibilidad al sistema, brillan por su ausencia. No se olviden, disminuir el poder adquisitivo del jubilado (menores pensiones reales y penalización del ahorro privado vía impuestos) es tan nocivo como legislar a favor de un conjunto (los pensionistas) que, aunque amplio, no representa las necesidades reales de la sociedad.

De forma similar, organizaciones con un notable poder político y social llaman a la movilización para temas tan sensibles y relevantes como son la brecha salarial, o para pedir una regulación restrictiva de las VTCs, entre otros. Pronto, tendremos que escuchar reivindicaciones sociales pidiendo que los extremeños salgan en masa a la calle porque su salario es un 30% inferior al de los madrileños. La estrategia pasa por recurrir al enfrentamiento entre grupos sociales para generar descontento y lanzar mensajes oportunistas en forma de bote salvavidas que lo único que provoca es más dependencia y un problema mayor.

Cuidado, porque las tornas pueden cambiar en cualquier momento.

Tabarnia está más presente que nunca. La mayoría silenciosa, esa inmensa multitud que se dedica a trabajar para intentar forjarse el mejor futuro posible, lejos (a poder ser) de las garras del Estado, puede salir a la calle para reivindicar, precisamente, lo que le han prometido: orden institucional, libertad individual, respeto a la propiedad privada e igualdad de oportunidades.

Vivimos una etapa en la que la tecnología nos otorga un poder individual sin precedentes en la historia. Internet, las nuevas tecnologías y las redes sociales están tirando abajo el poder de los medios de comunicación tradicionales para manipular mensajes al antojo de los poderes fácticos, y nos otorgan la oportunidad real de crear opinión propia. Y eso molesta profundamente a la clase política, tan acostumbrada a manejar a la población eligiendo lo que retransmiten los telediarios.

Creo que la sociedad está cada vez más concienciada de que el sistema actual hace aguas por muchas vías y solamente una acción decidida que ataque a sus raíces puede salvarnos de acabar quebrados, inmersos en una situación de hiperinflación, o, lo que sería el peor de los escenarios, en un régimen autoritario.

Confiar la solución de estos problemas a un comité de expertos, público, que solamente añadirá más burocracia y favorecerá a los sectores menos productivos tiene como consecuencia el enfrentamiento, la división de la población, y el malestar social. Las mujeres deben luchar por la igualdad de oportunidades de la misma manera que debe hacerlo los extremeños, los jubilados o cualquier español: desde la libertad y la meritocracia.

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