miércoles, julio 18, 2018

La semana pasada salió a la luz los datos definitivos de gasto público. La cifra, tal y como adelantamos en este blog, no pudo ser más desoladora: hemos gastado un 3,7% más.

Entiendo la preocupación que existe entre la opinión pública a raíz de la colección de casos de corrupción que están saliendo a la luz en los últimos meses en nuestro país. Lo que no logro entender es la falta de sensibilidad ante el despilfarro, algo idéntico a la corrupción en el plano conceptual. En el fondo, el 3,7% adicional que hemos gastado no es más que meter la mano al bolsillo del contribuyente (presente y futuro) para aumentar la dependencia del sector público. El ciudadano, o al menos la inmensa mayoría, no obtiene beneficios de un aumento del gasto público en un entorno de exceso de capacidad en la economía. Veamos algunos datos:

Fuente: Agencia Tributaria

Fuente: Agencia Tributaria

El gráfico muestra la recaudación tributaria acumulada entre enero y noviembre de 2014, y el mismo período para 2015. Y lo cierto es que desmonta algunos mitos:

Necesitamos más gasto público por su impacto a través del efecto multiplicador en la economía: Hemos gastado 2,5€ adicionales por cada Euro adicional recaudado Los ingresos por IRPF han permanecido estancados este año, e incluso las retenciones del trabajo han descendido un 1,1%, a pesar de los datos positivos en el mercado laboral. Es decir, está trabajando más gente pero con unos salarios menores, dada la incapacidad de la economía para absorber la demanda generada por el gasto público.

Por su parte, el IVA sí que ha mostrado mejores síntomas en 2015. Más concretamente, ha aumentado la recaudación en casi 4M€. Por ser un indicador de consumo, los pro-keynesianos podrían afirmar que el multiplicador se refleja en el consumo, a la espera de que el mercado laboral pase al siguiente estadio (esto es, la subida de salarios por decreto). Nada más lejos de la realidad. Un análisis más profundo de esta partida refleja más del 50% de este crecimiento es debido a la recaudación por importaciones. Esto es, un sector exterior dinamizado principalmente por una moneda barata (Euro) y, sobre todo, por la reducción de los costes laborales unitarios. Queda patente, por tanto, un modelo productivo que cada vez bascula más hacia el sector exterior, aunque aún compitiendo por precio. El siguiente estadio, sin duda, debería ser competir por valor. El precio nunca será una ventaja competitiva sostenible en el tiempo.

Podemos seguir engordando la gallina todo lo que queramos. Incluso, podemos defender a capa y espada propuestas que promuevan incrementar el gasto público en 24.000M€ cada año durante la próxima legislatura. Lo que los datos demuestran es que el crecimiento vía impulso público es un sistema agotado, que destruye paulatinamente la clase media de este país. El crecimiento de los salarios solamente vendrá de la mano de un crecimiento de la productividad (producción por empleado), y, si bien es cierto que lo estamos logrando, se trata más bien de un efecto disminución de la producción que de aumento del output por trabajador. Aumentar la inversión en obra pública, o encomendarse a un petróleo barato (o al BCE) dan grandes titulares en términos de número de parados, pero nunca serán capaces de construir el nuevo sistema de crecimiento para España.

Hay que subir el impuesto de sociedades a las grandes empresas: Teniendo en cuenta solamente los ingresos por IRPF y por IVA, las grandes empresas suponen el 32% de la recaudación de la Agencia Tributaria. Si a esto añadimos un 10% (tipo impositivo mostrado por el sector más crítico con el tejido empresarial), sobre el beneficio neto estimado para 2015 (48.000M€ aprox.), el porcentaje está más cerca del 40%. Teniendo en cuenta que el 10% es una cifra falsa, podemos afirmar sin excesivo temor a equivocarnos que las grandes empresas de este país aportan 1 de cada 2 € a las arcas públicas.

A parte de la dependencia que tiene el país de este segmento (ya hicimos un análisis demostrándolo en este blog), continuar perpetuando un sistema adulterado con cargo a las cuentas de las empresas de mayor tamaño supone, automáticamente, perder incluso más ventaja competitiva con respecto a los competidores americanos y asiáticos. Por no hablar del riesgo evidente de que en algún momento decidan trasladar sus sedes a otros países donde no sean perseguidos, con las consecuencias que ello conlleva.

En definitiva. Parece que la receta para dar la vuelta a la situación es clara: crecer, generar demanda agregada y con ella el empleo, de tal forma que los estabilizadores automáticos dejen de penalizar a nuestra Hacienda Pública. Lo que no parece tan claro entre nuestros gestores (presentes y futuros) es la palanca para que la rueda comience a girar. El 2015 ha demostrado que el aumento del gasto público solamente logra agrandar el agujero existente en la principal herramienta para garantizar el Estado del Bienestar: la hacienda pública. Por su parte, el viento a favor que ha aprovechado nuestra economía durante el último año dejará de soplar más pronto que tarde, a la vez que la deuda galopará incansablemente sobre los contribuyentes de los próximos años.

El agujero se agranda, y sobre la mesa no hay ni una sola propuesta que conozca realmente los problemas. No encuentro otra explicación a leer día tras día soluciones que consisten en continuar perpetuando un sector público hipertrofiado, o, peor aún, en volver a sistemas y épocas que se han demostrado un fiasco absoluto. Está claro que los retos que afrontamos no son menores. Evidentemente, desenchufar a miles (e incluso millones) de personas y empresas que dependen directamente del sector público es una decisión incómoda, impopular y necesaria por partes iguales. Para tomarla, es necesario un Gobierno capaz y valiente, algo que en este momento no existe en el panorama político español.

Una verdadera pena. Lo pagaremos durante muchos años, hasta que la evolución no sea posible y tengamos que acudir a la revolución.

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