jueves, septiembre 20, 2018

 

Ya está aquí el inicio del nuevo curso político. Y, con él, la agenda de subidas de impuestos que dejó pendiente el PSOE antes de verano.

El gobierno de Pedro Sánchez es consciente de que va a tener que financiar más de 25.000 millones de euros de gasto público incremental si quiere seguir en el poder, y no va a pestañear a la hora de exprimir al ciudadano para lograrlo.

No le importa que en Estados Unidos, tras la mayor bajada de impuestos de los últimos años, el crecimiento interanual del PIB en el segundo trimestre haya sido del 4,2%, con una aportación positiva tanto de la demanda interna como externa. Tampoco parece importarle que el paro esté por debajo del 3,9% población activa, ni que los ingresos públicos estén creciendo a tasas de doble dígito.

No le importa que, en Reino Unido, tras una rebaja del impuesto de sociedades de más de 9 puntos porcentuales en los últimos siete años, la recaudación por impuesto de sociedades haya aumentado un 44%.

Tampoco le importa que en España la recaudación pública haya crecido un 3,9% de media en los últimos tres años, de la mano de la bajada de impuestos masivos como el IRPF o el impuesto de sociedades.

Como parte de un programa económico de ciencia ficción, piensa que España es diferente y aquí va a funcionar lo que no ha funcionado ni en ningún lugar del mundo ni en ningún momento de la historia. Ahora que la efectividad del multiplicador fiscal ya está puesta en entredicho incluso por organizaciones como el FMI, acuden a razones objetivas y medibles -nótese la ironía -como la justicia social.

Lo único que le importa al gobierno y sus secuaces es la financiación del enorme entramado clientelar que está creando. Eso, y el ejército de ciudadanos que garantizan su voto cuando se les envía mensajes de miedo aludiendo a argumentos tan falaces como que “es la única manera de mantener el estado de bienestar” o “hay margen de recaudación cuando nos comparamos con otros países europeos en términos relativos al PIB”.

Las bajadas de impuestos se pagan solas, mediante crecimiento económico y creación de empleo que, en último término, desembocan en mayor recaudación. El estado de bienestar creció gracias a economías prósperas y solamente se mantendrá si volvemos a ellas. Subir impuestos y seguir subvencionando sectores de baja productividad con cargo a proyectos rentables es la estrategia idónea para resquebrajarlo y dejar el país en manos de populistas.

El debate sobre cuál es el umbral para ser considerado como “rico” en nuestro país -Podemos propone 60.000 euros y PSOE 150.000 -es estéril. En el caso de caer en una espiral de gasto de las proporciones exigidas por Podemos para pactar con el PSOE, la recaudación va a ser holgadamente insuficiente, el déficit se disparará, y finalmente acabaremos todos los desmanes de unos pocos.

Los números no salen. El PSOE lo sabe y por eso lanza cortinas de humo para llevar a cabo por la puerta de atrás el único impuesto con capacidad recaudatoria relevante: la subida de 15 céntimos al gasoil.

Actualmente los vehículos de gasoil en España son 17,9 millones, el 57% del parque. Según los datos recogidos por la Agencia Tributaria, el 68% del consumo de carburantes en España corresponde a gasóleo. Entre 1995 y 2017 el consumo de gasolina se ha reducido a la mitad, mientras que el de gasóleo se ha duplicado.

En 1995, el consumo de gasóleo y de gasolina prácticamente eran iguales. Teniendo en cuenta que un 25% del parque automovilístico correspondía a camiones, furgonetas, autobuses y tractores industriales, todos ellos con motor diésel, la gasolina era el tipo de carburante preferido por los ciudadanos para sus automóviles, únicos vehículos en los que tenían capacidad de elección.

Después, Europa lanzó una campaña a favor del gasoil que en la práctica fue una medida proteccionista frente al sector automovilístico pujante estadounidense y, especialmente, asiático.

De esta forma, en países como España, además de gravar los vehículos procedentes de estos países con aranceles y barreras al comercio no arancelarias -como la adaptación del vehículo que se les exige para poder circular-, comienza una campaña política a favor del gasoil. Bajo este mandato, se decide imponer cargas impositivas a la gasolina por valor de casi el 60% de su precio final, y se establece un impuesto de matriculación que depende exclusivamente de las emisiones de CO2 desde el año 2000. Un vehículo diésel emite hasta un 20% menos de CO2 al medioambiente, por lo que la adquisición de estos coches se dispara en el país.

Según la DGT, en España hay 31,6 millones de vehículos matriculados. Teniendo en cuenta que en nuestro país hay 18,5 millones de hogares, cada familia española cuenta con una media de 1,71 vehículos. Extrapolando este ratio a los vehículos de gasoil -17,9 millones –la subida de 15 céntimos al diésel afectará a unas 10,5 millones de familias españolas.

La recaudación por hidrocarburos en 2017 fue de 10.798 millones de euros. Con niveles de consumo similares al año 2001, los ingresos públicos han superado el máximo histórico logrado en el año 2007.

El incremento de ingresos por hidrocarburos son 21 puntos porcentuales superiores al consumo de combustible en España si tomamos como referencia los datos de 2001.

La urgencia recaudatoria de un gobierno en minoría le dice que los vehículos diésel son altamente contaminantes y hay que proteger su salud. Los datos, que el parque de coches diésel se ha duplicado en los últimos 16 años, mientras su consumo -en litros -ha aumentado un tibio 26%.

El tipo efectivo al gasóleo en 2017 ascendió a 30,7 céntimos por litro, mientras que el de la gasolina fue de 40,25. El incremento de 15 céntimos por litro de gasóleo supondría una horquilla de recaudación incremental que oscila entre los 3.500 y los 3.700 millones de euros.

Esto supone un aumento de la presión fiscal indirecta de unos 200 euros anuales por vehículo y año. O, lo que es lo mismo, 350 euros a pagar por las “malvadas” familias que osan tener el coche diésel que hasta hace años todos invitaban a adquirir. Si este incremento impositivo lo añadimos al gasto medio por hogar en carburante, ofrecido por el INE -1.217,31 euros -, estas familias pasarán de pagar un 4,4% de su renta disponible por llenar el depósito de sus vehículos a pagar un 5,7%. 1,3 puntos porcentuales de diferencia.

Las bajadas de impuestos se pagan solas. Las subidas, las pagamos todos. Y, en muchas ocasiones, no nos enteramos hasta que vemos que nuestros gastos corrientes se han incrementado a final de mes.

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