miércoles, julio 18, 2018

 

 

En las últimas semanas estamos asistiendo a lo más parecido a una carrera por establecer un gravamen a las empresas tecnológicas norteamericanas que operan en Europa. Me refiero a compañías como Google, Facebook, Amazon o Apple, que son una parte muy relevante de la vida de más del 85% de los hogares europeos, autoconsiderados usuarios asiduos de internet.

El modus operandi de nuestros gestores públicos es ampliamente conocido: tienen ante sí un producto o servicio masificado, usan a los medios de comunicación para amplificar y agravar supuestas necesidades de primer nivel, y se excusan en ellas como pretexto para crear nuevas figuras impositivas o incrementar las existentes. Una maniobra de manipulación magistral que, en el mejor de los casos, va a pagar usted, aunque generalmente paga usted y sus descendientes.

La Comisión Europea parece decidida a imponer un impuesto digital del 3% de sus ingresos a las empresas tecnológicas que facturen más de 50 millones de euros en Europa y mantengan una facturación total de 750. Montoro se ha sumado al carro y, como parte de la negociación con el PNV, ha anunciado una nueva tasa que grava exactamente lo mismo que en Europa a las mismas compañías.

Movimiento que, además de actuar como palanca de redistribución inversa y, en caso de producirse, supondría una doble imposición clara, cercena la productividad de la economía en el largo plazo. ¿Cómo? Veamos:

En primer lugar, los más afectados son las pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas se han lanzado al comercio electrónico como vía de incrementar sus ingresos y sus márgenes, apalancándose en grandes centros de distribución como Amazon. Éste último tendrá que gestionar y pagar su impuesto correspondiente y, con un margen reportado del 3,7% para el segundo trimestre de 2017, parece difícil que asuma la carga impositiva. ¿Adivinan sobre quién va a recaer? Exacto, sobre todos esos pequeños empresarios, que tendrán que afrontar una desventaja competitiva para pagar burocracia y gasto público improductivo.

Gravar los beneficios de las grandes tecnológicas no es un invento de los gestores públicos europeos. En Estados Unidos el debate lleva abierto desde el año 2013, cuando se presentó el Marketplace Fairness Act, por el cual las empresas cuya facturación ascendiera a más de un millón de dólares pasarían a pagar impuestos allá donde generaran actividad económica. Afortunadamente, sus gestores públicos se dieron cuenta del error en el que estaban incurriendo y el proyecto de ley sigue acumulando polvo en un cajón.

A esto hay que sumarle la complejidad administrativa y tecnológica que supone para un pequeño empresario de, pongamos, Extremadura, recaudar, gestionar y pagar las tasas correspondientes a una venta on-line que se produzca en cualquier región de Lituania.

Un impuesto a las grandes tecnológicas supondría una barrera para el libre comercio de bienes y servicios. Ahora que hemos conseguido que los costes de transporte y los aranceles no supongan una barrera relevante a la hora de comerciar, es innecesario cargar a la inmensa mayoría de empresarios europeos y españoles con tasas e impuestos ineficientes.

El gasto público genera prosperidad y mejora del bienestar cuando se destina a inversiones económicamente rentables. Es decir, productivas. Sacarse de la chistera impuestos finalistas con cargo a problemas donde la variable clave es la sostenibilidad del sistema, y no la liquidez (pensiones), o para aumentar el gasto en políticas que han provocado la salida del segundo mayor contribuyente de la Eurozona, provoca lo contrario: un efecto llamada al clientelismo y una economía donde el número de empresas zombi se dispara.

Todo ello en un contexto, como el de España, en el que esta figura impositiva no parece que vaya a cerrar el agujero de gasto que se pretende parchear. El pacto con el PNV nos va a costar a los españoles 1.500 millones de euros en 2018 y 1.800 en 2019, según las cifras del propio Ministerio. La facturación de Apple y Amazon en España es complicada de estimar, aunque la de Google y Facebook tienen un techo de 1.500 millones de euros, que es el tamaño de la publicidad digital. O, lo que es lo mismo, la tasa impositiva tendría que adoptar niveles confiscatorios para dar respuesta a las necesidades de las arcas públicas.

En definitiva, estamos ante un incentivo perverso más que pretenden introducir en el sistema económico. Ninguna de las compañías que actualmente dominan las principales bolsas europeas va a ser capaz de reinventar su modelo de negocio. Solamente las startups y las pequeñas empresas se han mostrado capaces de añadir elementos innovadores, que mejoren la productividad de la economía y generen nuevos modelos de negocios con las consiguientes oportunidades de empleo y prosperidad asociadas. Y, gracias a movimientos como este, ven multiplicar sus escollos al crecimiento y a la innovación. No en vano, el propio Amazon se unió a Wall-Mart en Estados Unidos para hacer lobby contra el Marketplace Fairness Act comentado.

Por último, no sé si los defensores de actuar ante los abusos fiscales de las tecnológicas son conscientes de la vulneración de la privacidad tan descarada que suponen estas tasas. El hecho de que este tipo de compañías tenga que reportar a las autoridades públicas la localización de sus operaciones equivale a dar información detallada sobre las compras, forma de pago y localización del cliente.

Si tan preocupados están por la defensa de la privacidad de los datos, deberían estar en contra de imponer el impuesto sobre las ventas de las tecnológicas. Aunque, por lo visto, solamente están preocupados por saquear el bolsillo del contribuyente

Sólo las filiales de Amazon en España (Amazon Spain Fulfillment, Amazon Spain Services, Amazon Web Services y Amazon Online Spain) emplean a más de 2.000 personas en nuestro país. Esto, además de generar ingresos públicos vía impuestos directos e indirectos asociados a la actividad económica, ofrece oportunidades laborales a una población que sufre desempleo estructural. Nuestro principal objetivo debería ser atraer los centros de operaciones europeos de estas compañías, o incluso facilitar la creación de los próximos unicornios tecnológicos, en lugar de preocuparnos por perpetuar modelos obsoletos que solamente favorecen a minorías.

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