viernes, enero 24, 2020

 

 El autoritarismo se está instalando en nuestro país. Poco a poco, de forma silenciosa y de la mano de quienes menos lo esperábamos, como suele ocurrir. Imaginen que el PP hubiera intervenido Extremadura bajo la batuta de Rajoy o de Aznar. España, como mínimo, se habría vuelto a la peor etapa de 1936 y necesitaríamos ayuda internacional para salvar a una de las naciones más antiguas de la amenaza fascista, a la luz del mainstream. Por eso, tuvimos que esperar a vivir uno de los mayores atentados al estado de derecho y al sistema democrático liberal que nos dimos en el 78 para aplicar un 155 descafeinado. Porque la intervención de Cataluña necesitaba un consenso de todas las fuerzas constitucionalistas.

Lo que ha ocurrido esta semana en Andalucía es, sencillamente, una vulneración de su soberanía autonómica y un ejercicio de autoritarismo partitocrático. Se trata de una región con problemas presupuestarios graves, pero no son problemas nuevos y, sobre todo, no hay ninguna razón objetiva que justifique ahora esta intervención y no hace un año.

Andalucía ya está comenzando a conocer lo que un modelo liberal puede hacer por sus ciudadanos. Las últimas estimaciones de crecimiento la transportan desde una región que tradicionalmente ha estado en el vagón de cola a la segunda que más va a crecer en 2019, sólo superada por Madrid. Para ello, sólo ha habido que empezar a desmontar las estructuras clientelares y los corrillos de poder formados alrededor del dinero de los contribuyentes. Una relación causa-efecto que, al parecer, escuece entre las altas esferas socialistas. Como consecuencia, el mismo Gobierno en funciones que ha usado los recursos autonómicos de forma interesada en su lucha por llegar a Moncloa, ahora, interviene una región que ya había aprobado unos presupuestos con déficit 0 para 2020.

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Los problemas financieros andaluces existen en otras regiones, y en mayor grado. Para empezar, hay dos regiones que tienen una mayor dependencia de los recursos públicos extraordinarios para financiarse: Cataluña y la Comunidad Valenciana. Esta última, además, anotó un déficit público del -1,4% en 2018, frente al -0,51% de Andalucía. Y, para acabar, ostenta el dudoso honor de tener el mayor endeudamiento de todas las regiones. Y, sin embargo, sólo Andalucía ha sido intervenida por el incumplimiento del déficit del 0,4% en 2018.

A la luz de los hechos, cualquiera podría pensar que Sánchez está creando su nación de naciones por la vía de la desvertebración territorial ante el choque con la Constitución. Por supuesto, no busquen argumentos racionales ni objetivos a las decisiones de este Ejecutivo. Estas se toman teniendo en cuenta dos asuntos

  • :Si las siglas del partido que gobierna en la región son del PSOE o de sus socios.
  • Si consideran fundamental que el territorio pase a serlo.

Mientras Sánchez alerta en sus mítines sobre el peligro de la eliminación de las autonomías, en referencia a VOX, su ejecutivo interviene a una, ahoga financieramente a las demás y manda a los barones regionales con resultados más pobres a organizar cortinas de humo contra regiones como Madrid, que llevan actuando de forma responsable durante décadas.

El BOE amenaza a Madrid y Galicia

No debería extrañarnos, ante su incapacidad de formar gobierno, que haya decidido tomar el BOE como arma de conquista de regiones clave. Después de Andalucía podrían venir Galicia y, especialmente, Madrid. Veamos los peligros en la región de Ayuso:

  • Ha sido la región más afectada por la asfixia financiera a la que ha sometido a las regiones. En total, más de 1.200 millones de euros llegó a adeudar a la capital.
  • Ha dejado a deber casi 54 millones de euros de los más de 750 que le correspondía por las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica.
  • A esto hay que añadir los casi 380 millones de euros de IVA correspondientes a 2017 comprometidos y sin pagar.
  • Está gobernada por el PP en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de VOX. El PSOE estuvo cerca de devolver el golpe recibido en Andalucía, pero no fue posible en las elecciones de este año.

Madrid, una región que nunca ha ocupado portadas de periódicos por incumplimiento de déficit, que siempre se ha financiado en los mercados, que crece y que los únicos recursos que ha pedido al Estado han sido a través de la Facilidad financiera, destinado a regiones «que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y cuyo período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad».

En definitiva, una región modelo de la que se debería aprender y no reprender, porque la democracia liberal se basa en la libertad económica para construir modelos político-sociales de éxito. Aunque esto, en la deriva autoritaria y rupturista de este PSOE, no interesa que se cuente a los españoles. Sánchez se siente más a gusto con una subida de impuestos salvaje como la que han propuesto en Cataluña para los presupuestos de 2020, con las que pretenden recaudar 550 millones de euros anuales. Una comunidad que, de facto, se ha convertido en un infierno fiscal, que reitera sus incumplimientos año tras año y que sigue con unos presupuestos prorrogados de 2017.

España debe funcionar en el entorno del modelo autonómico y como una parte muy importante de la Unión Europea. Muchos de los que han proclamado nuestra salida de la Unión Europea ante la reciente sentencia sobre Junqueras son los mismos que proclaman las bondades de acabar con las Comunidades Autónomas. Y los mismos que ahora se tirarían de los pelos si Sánchez e Iglesias concentraran todo el poder que está distribuido entre estos entes.

Necesitamos un modelo descentralizado, con el sistema normativo justo para poder asegurar la igualdad de oportunidades. Si continuamos por la vía de la burocratización, de la diarrea legislativa y de la demagogia, nuestros políticos estarán repletos de incentivos para aplicar las normas a conveniencia, y, sobre todo, al margen de la necesaria objetividad del sistema constitucional.

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