miércoles, diciembre 19, 2018

 

 

La revolución digital supone una grave amenaza para la hipertrofiada clase política europea y sus estructuras clientelares. Lo saben perfectamente, y por eso se esfuerzan tanto en darle la vuelta a la tortilla. La enorme cortina de humo en torno a la presión fiscal de las grandes compañías de internet es parte de esta reacción para seguir manteniendo el poder.

El estado de bienestar en Europa, y la mejora de la calidad de vida generalizada en todo el mundo, se ha desarrollado al calor de la innovación tecnológica. La introducción de la maquinaria agrícola, de los procesos de producción en cadena, y un largo etcétera, han tenido un elemento en común: han provocado migración entre sectores productivos con un incremento de la productividad asociada. Con ella, han mejorado los niveles de vida de las sociedades contemporáneas.

La revolución digital solamente es ir un paso más. Migrar recursos humanos y financieros desde sectores obsoletos de baja productividad hacia otros innovadores no supone ninguna amenaza. Y, sin embargo, nuestros políticos se hartan de decirle que su puesto de trabajo está en peligro, que Amazon es responsable de quiebras en el sector retail… o que no pagan impuestos.

Y, como si en algo somos campeones en Europa es en llevar a cabo medidas proteccionistas, ponemos impuestos adicionales a verdaderos motores económicos. España no se queda atrás. Es más, como somos uno de los países más intervenidos de Europa, nuestros políticos son de los que más amenazas tiene que neutralizar. ¿Cómo? Llevando a cabo la batuta en materia impositiva.

A nuestro gobierno le ha faltado tiempo para aprobar el anteproyecto de ley sobre el impuesto sobre determinados servicios digitales. La famosa Tasa Google. Los servicios de publicidad online, los de intermediación en línea y la venta de datos recopilados a partir de información proporcionada por el usuario con un 3%. O, lo que es lo mismo, estos productos no tendrán un IVA del 21% sino del 24% de forma equivalente. El objetivo de esta medida es recaudar 1.200 millones de euros procedentes de empresas que facturan más de 750 millones a nivel mundial y 3 millones en prestación de estos servicios en España.

Falta por ver la letra pequeña del proyecto, pero las noticias que se han dejado deslizar en prensa son realmente preocupantes. Lo más probable es que estemos ante una figura impositiva que grava con un 3% cualquier operación de las arriba descritas. O, lo que es lo mismo, si “Carnicería Pepe” quiere publicar un anuncio en Groupon, y para ello usa el software de Google, la cadena impositiva será la siguiente: 3% por el ingreso que hace la carnicería a Google y 3% por el ingreso que hace Google a Groupon por usar sus espacios publicitarios.

Para que usted lo entienda: estamos ante una figura capaz de suponer dobles y triples imposiciones por una sola operación.

Ante un movimiento que nos sitúa como un infierno fiscal para los principales protagonistas del sector con más futuro de nuestra economía, las reacciones van a ser variopintas. Por una parte, empresas como Google y Facebook, automáticamente subirán el precio de sus servicios de publicidad online. Ningún agente de mercado ha sido capaz de lucharles la diferenciación en el mercado y eso ha llevado a un grado de competencia baja. La factura correrá a cargo de nuestro amigo ficticio Pepe, su carnicería, y millones de PyMEs que eligen estas empresas para promocionarse.

Amazon, con un margen sobre EBITDA inferior al 5%, tampoco tiene capacidad para asumir este impuesto. Teniendo en cuenta que el 68% de los productos vendidos a través de su plataforma son vendidos por terceros, es fácil deducir quién va a cargar con este gravamen: Las PyMEs, de nuevo. En este caso, sí que existe incentivo para trasladar el impuesto al precio final, dado que los productos vendidos directamente por Amazon también incrementarán su precio.

En resumen, el 3% sobre los servicios digitales los va a pagar usted, ciudadano, las PyMEs, y los autónomos. Justo los que aparecen en el documento como “exentos” de esta figura impositiva.

Por si esto fuera poco, la contraparte del impuesto también le desfavorece. Los 1.200 millones previstos por el gobierno son una mera cifra sobre el Excel para cuadrar unos presupuestos imposibles de cuadrar. Desde luego, no obedecen a la capacidad recaudatoria real del impuesto.

Para que se hagan una idea, el mercado de la publicidad digital en España, según InfoAdex, asciende a 1.500 millones de euros.

Estudios independientes cifran el negocio de Amazon en 1.300 millones de euros. Es decir, las dos patas principales a día de hoy sobre las que este impuesto recauda suman 2.800 millones de euros. La recaudación estimada por el gobierno es de un 43% del tamaño agregado de los mercados. Para que esta cifra fuera creíble, el mercado de los datos en España tendría que ascender a 40.000 millones de euros. Para que lo pongan en contexto, estaríamos ante un mercado superior al de las telecomunicaciones en España, que ascendió a 33.000 millones en 2016 según la CNMC.

Una barbaridad que solamente nuestro gobierno podría creerse. No en vano, la Comisión Europea ya ha mostrado por carta las dudas sobre el cumplimiento del presupuesto enviado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Nos creemos que por ser líderes innovadores en figuras impositivas vamos a acercarnos a las potencias europeas en recaudación. En los pocos países europeos donde la tasa Google se ha impuesto, es radicalmente distinta a la española. En Reino Unido han establecido un gravamen del 25% sobre los beneficios -no sobre los ingresos -como palanca para incentivar a las tecnológicas a instalarse en el país y tributar por sociedades, que es notablemente menor. Por cierto que la recaudación es de unos 380 millones de libras, para que se hagan una idea del margen de error que maneja PSODEMOS en los presupuestos.

Los ciudadanos pagaremos un mayor precio por los artículos comprados por internet y mayores impuestos por el descuadre financiero que se van a producir en las cuentas públicas. Todo un éxito del gobierno de la justicia social, nótese la ironía.

Mientras, las tecnológicas ya mueven ficha para evitar perder sus principales capacidades competitivas, entre las que destaca un precio bajo. Amazon ha movido sus call center fuera de España, y es posible que veamos facturación desde países como Irlanda para todos los productos vendidos en España. Esto resulta en incluso menos recaudación.

El truco de los países líderes en innovación es que no tienen truco. Mantienen una fiscalidad baja, un entorno regulatorio estable y facilidades para crear empresas y hacerlas crecer. Nuestros políticos, con tal de mantener su sillón pagado por todos, frenan nuestra capacidad de crecimiento potencial.

Sólo las filiales de Amazon en España (Amazon Spain Fulfillment, Amazon Spain Services, Amazon Web Services y Amazon Online Spain) emplean a más de 2.000 personas en nuestro país. Esto, además de generar ingresos públicos vía impuestos directos e indirectos asociados a la actividad económica, ofrece oportunidades laborales a una población que sufre desempleo estructural. Nuestro principal objetivo debería ser atraer los centros de operaciones europeos de estas compañías, o incluso facilitar la creación de los próximos unicornios tecnológicos, en lugar de preocuparnos por perpetuar modelos obsoletos que solamente favorecen a minorías.

Lo que les están diciendo los políticos es que nuestros padres deberían haber permanecido en el sector agrario, como nuestros abuelos. La realidad es que tenemos que cambiar funcionarios y trabajadores de baja productividad por científicos de datos e ingenieros.

Llevamos 10 años de década perdida, tratando de salir de una crisis propiciada por un exceso de regulación poniendo trabas a la revolución digital en España. Fíjense los resultados sobre el estado de bienestar, con los pensionistas en la calle. Imagínense si entramos en una situación de estancamiento secular.

Tenemos que elegir, o cambiamos el modelo productivo, lo orientamos hacia el incremento de productividad y nos apalancamos en la revolución digital para proteger el estado de bienestar. O renunciamos a dicho estado de bienestar. Así de claro

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