Hace unos días, la Ministra de Empleo y Seguridad Social publicó un tweet claro y conciso: «Si la recuperación no llega a los parados no habrá recuperación posible. Proponemos seguir creando 500.000 empleos/año. 20 millones en 2019» Se trata de un claim electoral que pensé que el Gobierno olvidaría y, sin embargo, ahí siguen, repitiéndolo. ¿Es posible?
Fuente: @fatimaempleo
Sin duda, la evolución de la economía española en los últimos trimestres es envidiable. Además, observamos datos que podrían llevarnos a plantear que, efectivamente, el modelo económico está evolucionando (click aquí para ver el análisis al respecto). Queda decretado, por lo tanto, el estado de optimismo generalizado en nuestro país. Lograr 20 millones de ocupados en 2019, suponiendo una ligera mejoría en las personas activas dada una coyuntura favorable nos llevaría a un escenario en el que la tasa de paro se situaría en el 13%. Estaríamos ante una tasa de paro similar a la que había en el país en el año 2000, cuando nos incorporamos a la UE.
¿Es posible? Este humilde economista cree que sí, aunque no bajo el modelo de gestión actual. Veamos algunos datos:
Las declaraciones concursales marcan máximos Según el Colegio de Registradores Mercantiles, el número de empresas que extinguen su actividad ascendió a 27.357 en 2016, la cifra más alta desde 2009
Fuente: Colegio de Registradores Mercantiles
Las empresas españolas, ahogadas a impuestos. Tal y como comenté en este post, España ocupa el quinto lugar de la OCDE en términos de Seguridad Social a cargo de la empresa.
Fuente: OCDE
Además, según un estudio de Javier Santacruz para Civismo, los tipos efectivos sobre el resultado bruto de explotación que pagan las empresas por tamaño son: 41,67% pequeña empresa, 51% mediana y 61,57% las grandes corporaciones. Esto desmonta un gran mito de los populistas. En España los impuestos son proporcionales al tamaño, mientras la rigidez se incrementa exponencialmente cuando una compañía supera los 250 trabajadores. No es de extrañar, con los datos de la mano, que solamente el 0,8% de nuestras empresas sean Mediana y Gran Empresa, ni que casi el 50% de las empresas constituidas en 2016 sean unipersonales.
Financiación, la asignatura pendiente de las empresas. En 2017, tras 6 años de contracción en términos de volumen de financiación a empresas no financieras, el cambio de tendencia ha cristalizado en un ligero crecimiento. Sin embargo, es insuficiente si queremos replicar la evolución económica de la burbuja.
Fuente: BdE
Por su parte, la financiación no bancaria está en plena expansión en nuestro país. Sin embargo, a día de hoy es insuficiente para compensar la ausencia de crédito bancario.
Esto, en un entorno de bajos tipos de interés e incentivos a la financiación por parte de las autoridades públicas españolas y europeas tiene una lectura clara: No hay demanda de crédito solvente. En un país con un 30% de capacidad ociosa y sin apenas crecimiento de la productividad, la rentabilidad de los proyectos es limitada y, lo que es más importante, la capacidad de devolución de los mismos, en un entorno hostil para las empresas, reducida.
Los créditos de dudoso cobro, a niveles de 2011
Fuente: BdE
El lector podrá apreciar un rasgo común de los puntos señalados anteriormente: todos ellos afectan a empresas. El sector empresarial es el gran olvidado en la recuperación de la economía española. Lo cual es un problema a la hora de garantizar la sostenibilidad de la situación actual. Sin un sector privado sólido y solvente no habrá creación de empleo capaz de lograr los 20 millones de ocupados fijados como objetivo. Un Estado que emplea a 2,5 millones de personas (el 11% de los activos en el país), en un entorno de digitalización e incremento de la productividad, no debería adoptar un papel especialmente activo en términos de creación de empleo.
Queda, por tanto, la asignatura pendiente de hacer de España un país business-friendly. ¿Y eso qué es? Pues, sencillamente, acercarnos más a los países desarrollados líderes e importar sus mejores prácticas. Bajar impuestos, especialmente a cargo de las empresas; revisitar el mecanismo de creación de empresas, dada su rigidez, costes e incapacidad de acceso a financiación actual; cambiar el modelo de subvención por uno de créditos e incentivos fiscales; liberalizar sectores clave a la hora de dinamizar la economía (taxi, notarios, registradores, educación, etc.); establecer una política clara de atracción de capital y empresas extranjeras de alto valor añadido; revisitar el sistema de empleo público actual, añadiendo elementos de productividad y evaluación de los servicios ofrecidos por los funcionarios, introduciendo herramientas realmente meritocráticas o impulsar la financiación no bancaria son solamente algunas de las medidas a tener en cuenta.
Llevarlas a cabo, o quedarnos en meras promesas, es cosa de nuestros políticos. La valentía y sagacidad política también son valoradas en las urnas, aunque muchos aún no se hayan dado cuenta
