domingo, octubre 21, 2018

Cualquiera que lea el título de este post, dada la moda de incrementar la cifra que precede al .0, creerá que trata de innovación en Castilla y León. Nada me gustará más. Sin embargo, el 5.0 es la nota que un humilde servidor ha concedido a la Junta de Castilla y León, una vez analizados los presupuestos regionales para 2016.

Este año, por primera vez en mucho tiempo, el Presidente Juan Vicente Herrera ha tenido que pactar con Ciudadanos con el objetivo de recibir el apoyo necesario del partido a la hora de aprobar los presupuestos. Y hay un tema (no menor) donde se nota la mano del pacto: se ha reducido drásticamente la financiación mediante deuda pública de las operaciones no financieras de las Consejerías. En concreto, un 60%, lo cual no es cifra menor.

Además, se ha aprobado una lanzadera financiera de Castilla y León. Se trata de un vehículo financiero destinado a impulsar los proyectos empresariales de la región que garanticen la viabilidad técnica, económica y financiera, desarrollados dentro de la Comunidad. En el año 2016 este fondo se ha dotado de 500M€, articulados a través de 13 entidades financieras que canalizarán los fondos prestados por el Banco Europeo de Inversiones. El proyecto está dotado con 3.560M€ de inversión hasta 2019, de los cuales el 50% serán fondos públicos. Las malas noticia es que los proyectos más mimados pertenecerán al sector agroalimentario y al turismo (ambos con déficits importantes de productividad), y, lo más importante, no se reduce ningún impuesto ni se trabaja en la facilidad para crear una empresa. Por tanto, la iniciativa se reduce un análisis muy similar que el QE del Banco Central Europeo: Mucho dinero puesto a disposición de unos agentes con pocos proyectos de inversión (y en muchos casos con nula carga innovadora) a su alcance, con graves trabas burocráticas e impositivas, y, lo que es más importante, sin una economía capaz de dinamizar el consumo privado.

Y es que si el crecimiento de la economía española queda a grandes rasgos explicado por la inversión pública (aquí el análisis que hicimos en este blog) y por factores exógenos, y, por lo tanto, frágil e inestable, el castellano-leonés es, cuanto menos, debatible. Creer que una economía anticíclica como la nuestra crecerá solamente 0,3 p.p. menos que la española, con una tasa de paro que apenas se reduce 1 p.p., es como creer que los peces tropicales sobrevivirán en el Pisuerga durante este mes de enero. Para empezar, en 2015 parece que el déficit de la Comunidad será del 1,2% del PIB, 0,5 p.p. más de lo fijado por el Gobierno, que coincide con lo presupuestado por las autoridades regionales para el ejercicio que ya ha finalizado.
Esta reflexión es relevante. Partiendo de, cuanto menos, una ralentización del crecimiento (del 2,9% al 2,7%, según sus propias estimaciones), la Junta va a ser capaz de recaudar un 1,84% más a través de impuestos indirectos. Es decir, queridos castellanos, es muy probable que al año que viene se produzcan subidas de impuestos. Más concretamente, el impuesto sobre depósito de residuos, una de las pocas cifras de los presupuestos claramente creíbles. Al menos, más creíble que pensar que en la región aumentará el consumo un 3,41% (recordemos que la recuperación viene en parte del sector exterior), tal y como estiman que crecerá el IVA. El crecimiento del 22,10% de “otras tasas” sirve perfectamente para cuadrar unas cuentas que hacen aguas, pero no resuelven las dudas que se ciernen sobre la evolución de las finanzas regionales.

Una economía que permite, año tras año, que un 33% de sus ingresos provengan de la providencia divina de otros territorios (la financiación autonómica, la P.A.C. y los fondos europeos, básicamente), porcentaje que asciende casi al 50% si añadimos la emisión de deuda y otros pasivos financieros, sencillamente, es insostenible. Vivir de la solidaridad ajena es una herramienta pensada para fomentar la cohesión territorial, tanto dentro del país como a nivel europeo. Creo que ningún ideólogo concibió la P.A.C. como principal medio de subsistencia de miles de agricultores con una productividad extremadamente baja, y sin incentivos para trabajar en la creación de valor para el sector primario. O como herramienta a través de la cual nos gastamos 150.000€ en cada uno de los mineros de León. Ninguno. Desgraciadamente, nuestra región es un claro ejemplo de adulteramiento del Estado de Bienestar y de las instituciones a su servicio.

Las malas noticias no acaban ahí. A pesar del brutal descenso de deuda ya comentado (que está por ver), la emisión de deuda pública para el 2016 ascenderá a 225M€. De ellos, 189M€ irán destinado a gasto corriente de las Consejerías, lo cual deja un saldo de 36M€ de asunción de deuda pública cuyo objetivo es el pago de intereses y principal de la deuda existente. En cualquier manual de finanzas corporativas o análisis económico financiero se puede aprender que una entidad que necesita acudir a la deuda para financiar sus operaciones corrientes corre el riesgo de ser insolvente; la que acude, además, para refinanciar su deuda, es ciertamente insolvente. Nadie prestaría a cualquier empresa en el mundo que presentara estas cifras financieras. Nadie. La Junta tiene la suerte de poder acudir a los mercados financieros, y está cavando su propia tumba.

El apartado de gastos no es menos desolador. Las verdaderas funciones del Estado de Bienestar, desempeñadas por las secciones de sanidad, educación, y familia e igualdad de oportunidades, suponen el 61,71% de los recursos públicos de la Junta de Castilla y León. Si añadimos los gastos derivados de la deuda pública, dicho porcentaje aumenta hasta el 72%. Es decir, 3 de cada 4 Euros que se gastan en la región son, por naturaleza, intocables. Cualquiera podría decir que el recorrido de los gestores regionales es más bien escaso. Yo prefiero afirmar que hay gente muy bien posicionada, en Consejerías como la de Agricultura y Hacienda, que absorben el 13% de los recursos públicos para destinarlos a mantener con vida a un sector zombi y cada vez con menos capacidad para competir a nivel nacional o internacional. Menos mal que parece que alguien se va dando cuenta de que va siendo hora de no gastar más de lo que tienes, y reduce (o acepta una reducción de) un 25% en consejerías que no son menores, aunque sí más responsables, como la de Economía y Hacienda.

La pena, sin duda, es que el gasto presupuestado solamente decrezca un 0,78%, hasta los 9.843M€. 1 de cada 5 Euros generados en Castilla y León provendrá de las arcas públicas. Un 20%. Este dato será cierto. La Junta de Castilla y León, al menos, gastará ese dinero. Lo que es más incierto, como suele suceder, son los ingresos que lo sufragarán.

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