lunes, agosto 20, 2018

A lo largo de esta semana he contemplado preocupado cómo se construye un consenso tremendamente equivocado entre la clase política: es necesario rebajar los objetivos de déficit. Nada más lejos de lo que necesita este país en el momento presente. Veamos qué hay detrás.

En primer lugar, evaluemos la idoneidad del destino de los recursos públicos. Con 24.000M€ de gasto adicional por año, Pablo Iglesias pretende aumentar las dimensiones de un sector público claramente hipertrofiado, que ha adulterado por todas las vías posibles la economía de mercado. No me refiero solamente a la corrupción, sino también a regulaciones que desincentivan directamente la inversión; a subvenciones que perpetúan en el tiempo sectores zombies, con su consiguiente impacto social, aunque sólo aplique a determinados colectivos minoritarios; a un efecto crowding out en el terreno de la financiación (los recursos que van destinados al sector público no son invertidos en proyectos privados rentables); y un etcétera que ya hemos comentado alguna vez en este blog.

Además, va un paso más allá y se apoya en un empobrecimiento de la población que no es tan escandaloso como algunos sectores pretenden hacernos creer (leer este informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana para más información) para aumentar el poder de un grupo reducido de personas, que no saben muy bien en qué van a invertir el dinero, pero tienen muy claro que necesitan generar mayor grado de dependencia de la población con respecto al sector público. Y lo dicen rotundamente: debemos añadir a más personas a la nómina pública. Y no se refieren solamente a funcionarios, sino a un conjunto cada vez más amplio de la población. Lo peor, sin duda, es que parece que aún no hemos aprendido que todas estas medidas no muestran su cara más violenta cuando se implantan en el sistema, sino cuando tienen que ser extirpadas del mismo.

Por su parte, los partidos más conservadores (PP, PSOE y Ciudadanos) parecen estar de acuerdo en que hay que acudir a Bruselas a convencer a nuestros socios europeos de que una prórroga en los objetivos de déficit es algo necesario. Estoy seguro de que cuando alguien se presente allí, sencillamente, creerán que es una broma. El déficit ya se ha prorrogado en dos ocasiones con arreglo a la actual crisis, y hemos sido incapaces de cumplir un sólo año con los compromisos adquiridos. Un país que ha generado déficit presupuestario durante 33 de los últimos 35 años no tiene la credibilidad necesaria para pedir más a unos socios que observan con condescendencia cómo Irlanda está fuera del scope de la crisis financiera que se está urdiendo a nivel internacional, mientras España empeora día tras día los principales KPIs de seguimiento económico-financiero.

Parece de cajón suponer que el PP saben de antemano la negativa rotunda que van a obtener de Europa, y accedan a ceder al respecto solamente para dar imagen pública de voluntad de negociación y consenso, por si hay futuras elecciones. Lo que no parece tan claro es que el resto de formaciones políticas lo tengan tan claro. Y, queridos lectores, espero que den por seguro, llegados a este punto, que vamos a necesitar el respaldo de la Unión Europea como socio y paraguas bajo el que resguardarnos cuando empiecen a caer chuzos de punta.

Que las principales plazas financieras en España coticen con descuento con respecto al resto de mercados europeos, que la rentabilidad de la deuda esté aumentando, y que la prima de riesgo se asome a barreras psicológicamente complicadas solamente indica que los inversores perciben un mayor riesgo proveniente de nuestro país. Ni atacan, ni pretenden que caigamos en impago. Sencillamente, maximizan la rentabilidad de los recursos invertidos. Hoy en día, España no es el país que provenía de una década prodigiosa, con tasas de paro históricamente bajas, una deuda del 40% s/PIB, superávit presupuestario y empresas con mucha potencia a nivel mundial. Ahora mismo tenemos a 1 de cada 5 activos en la cola del paro, debemos más de lo que producimos en un año, y gastamos sistemáticamente más de lo que ingresamos.

Además, el problema adquiere tintes estructurales. Parece que está calando en la población la idea de que “no se puede recortar más sin impactar de lleno en el Estado de Bienestar”, que “cuando esto mejore los estabilizadores automáticos darán la vuelta al presupuesto público” y demás falsedades que buscan ahondar en la economía del miedo para encontrar el voto que sepulte a las generaciones futuras entre un montón de impuestos, destinados a pagar la deuda que estamos asumiendo. Seguro que los que hablan con tanta facilidad no tienen en mente los 150.000€ que nos cuesta cada minero a los españoles, o los miles de millones de € que van directamente al margen de las grandes compañías automovilísticas bajo un plan PIVE que solamente precariza más el empleo; o los casi 1.000M€ que recibe RTVE al año en concepto de subvenciones, siendo una cadena que debería operar en un mercado perfectamente competitivo como el audiovisual.

El déficit se puede corregir. Pero hay que tener mucha valentía y explicar a muchos altos cargos que sus remuneraciones solamente pueden ser sostenidas por algún agente privado que decida encontrar valor en ellos. Repito que el déficit, además de carecer de sentido en su concepto más directo (esto es, gastarlo directamente en la población), como hemos explicado unas líneas más arriba, ejerce un efecto boomerang sobre la economía que antes o después tendrá que explotar. Veamos el siguiente gráfico:

Fuente: Tesoro público

Fuente: Tesoro público

La deuda pública se paga. Cada Euro que gastamos hoy lo devolveremos mañana con los intereses correspondientes. Además, un agente endeudado es un agente dependiente. Y, como se aprecia en el gráfico, cada año estamos más a merced de inversores internacionales, que no dudarán en asegurar el cumplimiento de nuestras obligaciones cuando sea preciso. Ellos, y las entidades de crédito, que ante una situación de tensión financiera se convertirán en sistémicas y entraremos en un bucle que conocemos muy bien. Para colmo, la participación de los hogares, directa o indirectamente (a través de fondos de pensiones y otros instrumentos) ha disminuido al calor de los incentivos perversos a asumir más riesgo. Esto significa que los 33.500M€ que vamos a dedicar en 2016 a intereses de deuda saciarán la sed de rentabilidad sin riesgo de las rentas altas, que operan con instrumentos más complejos bajo el paraguas de las entidades de crédito residentes.

En resumen, el déficit ya no tiene capacidad de impulsar la economía (recordemos el 23% de capacidad ociosa), genera dependencia del sector público, ahoga las posibilidades de prosperidad de las generaciones futuras, y beneficia a un segmento minoritario que es el que menos lo necesita. ¿De verdad alguien sigue pensando que es una herramienta imprescindible para nuestro país?

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