Andalucía lleva bajo la batuta del PSOE desde 1978. Las políticas intervencionistas han dominado el panorama regional durante toda la democracia española. Pocos experimentos ideológicos pueden ser evaluados con tanto horizonte temporal como éste. Y el resultado es pésimo.
En el entorno de la Unión Europea, la comunidad autónoma de Andalucía es una de las regiones más retrasadas en términos de PIB per cápita y la octava con mayor tasa de paro. Todo ello con uno de los gastos públicos en relación con el PIB más elevados y un nivel de endeudamiento claramente superior.
En 1985, el PIB per cápita andaluz era un 26% inferior a la media española. Con los datos de 2017 en la mano, la distancia se mantiene. Cada habitante genera 18.470 euros en Andalucía, frente a los casi 25.000 euros que se producen a nivel nacional. Extrapolando esta cifra a Europa, la diferencia se agranda. El PIB per cápita andaluz es un 40% inferior a la media regional europea.
El intervencionismo ha generado un sistema económico obsoleto, inflexible y lleno de incentivos perversos que pagan los andaluces.
Si comparamos la estructura productiva Andalucía con Madrid, ya observamos algunas diferencias elocuentes. La primera destaca holgadamente por el sector primario y por el turismo, mientras que las actividades profesionales, científicas y técnicas son cosa de la capital. Estas diferencias se hacen especialmente significativas cuando evaluamos el sector privado. Madrid, con un 22,5% menos de población, cuenta con 539.000 empresas -un 6% más -que Andalucía. Además, el porcentaje de grandes empresas sobre el total es 6 veces mayor.
La desigualdad es injusta. Especialmente la desigualdad por decreto. Estamos ante una región que mantiene un diferencial estructural de cuatro puntos porcentuales en términos de gasto público con respecto a la media española, que se enorgullece de ser líderes en inversión pública y que mantiene una administración paralela que supone más de 7.000 millones de euros al año y 23.800 puestos de trabajo duplicados.
No es de extrañar el decimocuarto puesto logrado por Sevilla en el informe Doing Business, de entre las 19 ciudades evaluadas. El elevado grado de burocratización, una fiscalización prohibitiva y un déficit formativo en la población alejan la inversión en la región. Andalucía supone un ínfimo 1,8% sobre la inversión extranjera en el país. En los últimos 3 años el flujo inversor anual en España ha crecido un 38%. En Andalucía el descenso ha sido del 72,5%.
Para financiar este desproporcionado peso del sector público, los gestores autonómicos acuden al cuento de subir los impuestos. Lo que ellos llaman asegurar el estado de bienestar en realidad es convertir la región en un infierno fiscal.
Andalucía fue una de las tres regiones que no bajaron impuestos cuando lo hizo el gobierno de la nación en 2015. Es la cuarta región en términos de presión fiscal -2,3 puntos porcentuales por encima de la media -y la segunda en términos de cuña fiscal para rentas altas.
Un contribuyente sin hijos cuyo salario asciende a 30.000 euros en Andalucía soporta un IRPF de casi 5.000 euros anuales, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo de más del 3% frente al contribuyente madrileño.
Esta elevada fiscalidad es uno de los catalizadores más importantes a la hora de explicar el déficit público crónico que arrastra. El año 2017 se cerró con un déficit de 335 millones de euros, un 0,22% sobre el PIB. La región ha salido del Fondo de Liquidez Autonómica durante el presente año, tras varios ejercicios cumpliendo sus compromisos de déficit con el gobierno central.
Como ya comentamos en este post el gasto público en Andalucía ha crecido 2 puntos porcentuales por encima del crecimiento del PIB y la deuda ya supondrá más del 13% del gasto total de la región en 2018.
Una región con déficit público estructural, deuda pública en aumento y déficit comercial de mercancías durante 15 de los últimos 17 años es muy vulnerable a shocks económicos externos. La desvinculación del FLA y posterior salida a los mercados financieros internacionales es una incógnita en el medio plazo.
En definitiva, estamos ante una economía burocratizada, compleja desde el punto de vista jurídico y dominada por el sector público. En tanto en cuanto el objetivo de la administración pública es distribuir, y no generar, Andalucía no podrá avanzar bajo este modelo.
La renta media por hogar en Andalucía se situó en 23.700 euros en 2017, un 14% por debajo de la media nacional y lejos de los 32.400 euros de Madrid. La tasa de desempleo estructural asciende a un diferencial de de 14,5 puntos porcentuales con respecto a Europa.
El modelo intervencionista se muestra sobradamente fracasado en Andalucía. Y no ha sido por falta de tiempo para desarrollar el proyecto.
