lunes, octubre 22, 2018

Hace unos días leía en prensa que España había sido, tras Grecia y Chipre, el país donde más ha crecido el porcentaje de población en riesgo de pobreza entre 2008 y 2015. Me ha llamado poderosamente la atención. Tras casi 4.000 billones de euros gastados en los últimos 5 años, ¿cómo puede ser que más del 28% de la población esté en riesgo de pobreza?

Antes de continuar, veamos la panorámica europea:

Fuente: EUROSTAT

Fuente: EUROSTAT

Lo cierto es que no es especialmente halagüeña. Máxime, cuando la inmensa mayoría (por no decir todas) de las propuestas que hay ahora mismo encima de la mesa pasan por aumentar el gasto público. Llama la atención, por mundana, la solución. Países como Irlanda, Islandia, República Checa o Reino Unido tienen ratios de exclusión social significativamente más bajos que el nuestro; y, en el otro extremo, Grecia o Italia se caracterizan por un sector público con una participación elevada (55,3% y 50,5% s/PIB, respectivamente) y unos ratios de exclusión social que asustan. No hay evidencia de correlación directa.

Fuente: EUROSTAT

Fuente: EUROSTAT

Volviendo a nuestro país, parece más bien evidente que la correlación es inversa: Gastamos un 41% más que en 2004 (solamente 2 años después de incorporarnos a la UE y asumir el tratado de Maastricht, recordemos) y, sin embargo, hay un 25% más de personas en riesgo de pobreza. Llama la atención la ligera estabilización del año 2013, sin duda debido a la ausencia de inmigración, por ser este uno de los colectivos más desfavorecidos.

Tengo una mala noticia para los agoreros del gasto público: Por si no os había quedado claro en la anterior gráfica, el gasto público ha aumentado un 2% desde 2008:

Fuente: PGE

Fuente: PGE

Es cierto que eliminando los gastos e ingresos de carácter financiero, el presupuesto real ha decrecido. Sin embargo, eso no es argumento de peso. El hecho de que cada vez gane más peso el déficit financiero solamente es una consecuencia de la barbarie presupuestaria que venimos llevando a cabo desde 1980. Por decirlo más claro: cuando un ente gasta más de lo que ingresa durante 33 de los últimos 36 años necesita emitir deuda para pagar esa diferencia (déficit). Los gastos financieros, intereses de deuda principalmente, son sencillamente la consecuencia directa del despilfarro de los últimos años. Seguir pidiendo más gasto público es seguir haciendo la partida financiera más abultada. Así de sencillo.

En un sistema estable no se puede hacer borrón y cuenta nueva fácilmente. Si no, que se lo expliquen a Grecia, por nombrar un ejemplo europeo, o a la mayoría de países sudamericanos, que cuentan con una dilatada experiencia impagando deuda (o intentándolo). Si a unas dinámicas demográficas que añaden presión de forma natural al Estado de Bienestar le añadimos la demagogia y el oportunismo, obtenemos una visión sesgada de la realidad que, llevada al extremo, desemboca en una red clientelar formada por una población zombie, dependiente y controlada por el Gobierno. Como una fila interminable de caballos ataviados con orejeras cuyo único objetivo es tirar de un carro (el Gobierno) dominado por una minoría.

Solamente hay un antídoto para acabar con la población en riesgo de exclusión social: el empleo. Aquí sí que se da una correlación más clara. Países con más empleo tienen a menos personas en riesgo de exclusión social:

empleo

Solamente Grecia queda por encima de nosotros. ¿Casualidad que también esté por encima en cuanto a personas en riesgo de exclusión social? Evidentemente, no. Grecia también está en el Top5 europeo en términos de gasto público. Y es que, le pese a quien le pese, una persona en un puesto de trabajo, incluso aunque esté en el estrato más bajo en términos de salario, tiene incentivos para incrementar su productividad marginal, logrando un mayor salario y aportando competitividad al país; la misma persona, esperando en el sofá de su casa una llamada de los servicios de empleo, nunca lo hará. Máxime si nunca se produce esa llamada.

Si queremos gastar lo mismo que los países nórdicos, debemos añadir los elementos de flexibillidad que caracterizan al modelo denominado flexiguridad. A saber:

– Flexibilidad a la hora de despedir, con costes de despido que se reducen prácticamente a 0.
No existe salario mínimo impuesto por ley.
– Los estudiantes no reciben créditos, sino becas, y se fomenta la competitividad en términos de materia educativa a través del cheque escolar.
– Se obliga a los parados a aceptara cualquier trabajo disponible si quieren seguir recibiendo el subsidio.
– Impuesto de sociedades muy bajo (en torno al 22%)
– Los colectivos sindicales tienen mucho menos peso en las empresas privadas. Especialmente en las grandes.En muchos países, como Dinamarca, los salarios se negocian directamente entre la empresa y el trabajador, sin intermediación sindical.

Podríamos hacer una lista amplia y detallada de aspectos que en España ni están y despiertan verdadero estupor. En lugar de ello:

– Aún existe debate y apoyo por incrementar el salario mínimo garantizado. Incluso, se proponen alternativas como la renta mínima garantizada.

– Estamos en el Top10 en términos de “brecha” (The Wedge: diferencia entre lo que desembolsa el empleador y lo que recibe el empleado), según la OCDE.

– Cualquier empresa de más de 50 trabajadores tiene que remunerar y negociar con los liberados sindicales convenios de trabajadores que duran 2 ó 3 años, independientemente de la coyuntura económica genera o de la situación particular de la empresa durante esos años.

– El servicio público de empleo solamente logra trabajo para el 3% de las personas que se apuntan a él. Además, no hay ninguna consecuencia si rechazas de forma indiscriminada trabajos o cursos de formación.

Y un larguísimo etcétera que pocos lectores verán reflejados en los programas electorales o en las mesas de negociación para formar gobierno.

Si has llegado hasta aquí, querido lector, te doy sinceramente las gracias, de corazón. He atraído tu atención a este post con un título del que he hablado más bien poco. La razón es sencilla: no me creo los datos de exclusión social. Ningún país con prácticamente 1 de cada 3 personas en riesgo de exclusión social puede vivir un período de estabilidad social tan largo como el que estamos viviendo. Para los que tengáis realmente curiosidad sobre el tema, podéis leer este informe del Instituto Juan de Mariana. Bien informado y documentado, es capaz de desmontar muchas de las falacias que aparecen a diario en los medios de comunicación. James Bartholomew, en un libro brillante titulado The Welfare of Nations también demuestra, a través de estudios y de investigación propia, que el gasto del 10% más pobre es considerablemente superior que las cifras de ingresos registradas oficialmente De hecho, él apoya que hay menos pobreza que la que figura en los datos oficiales, especialmente en aquellos países donde los beneficios fiscales están en función de los medios declarados.

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