Hace unas semanas propuse el sistema sueco de pensiones como una alternativa al insostenible modelo español (click aquí para leer). Tras preguntas de mis lectores acerca de los detalles de dicho modelo, aquí tenéis el post explicativo.
Los países nórdicos han sido en los últimos años un modelo a seguir en términos de Estado de bienestar para muchos de los ideólogos de nuestro país. Y, sin embargo, las claves de su modelo las obvian o no las sacan a la luz. Un ejemplo es el sistema de pensiones. ¿Cómo funciona en Suecia?
El trabajador sueco destina un 18,5% de su salario a un sistema de pensiones de capitalización. Se distribuyen en dos grandes bolsas: El componente (mal llamado) público y el componente privado / Premium
De un lado, el 16% es recogido por un ente estatal y repartido entre cuatro fondos públicos aunque gestionados de forma privada. Cada uno de estos fondos son los encargados de pagar el 25% del componente público de la pensión al trabajador cuando se jubile. Las cuatro entidades responsables de gestionar los fondos de pensiones los invierten, generan una rentabilidad de la inversión y en el momento de la jubilación o, en su defecto, a los 61 años como mínimo, devuelven sus fondos al pensionista. Esta parte de la pensión supone, por norma general, el 75% de los recursos con los que cuenta un pensionista a lo largo de su vida fuera del mercado laboral.
Por otra parte, el 2,5% restante es recogido y gestionado por la Premium Pension Authority. De nuevo, estos fondos se pueden repartir, como máximo, entre cinco fondos de pensiones privados a elegir de una lista (de más de 700) de los admitidos por el Gobierno. En caso de inacción por parte del trabajador, por defecto los fondos son gestionados por el Seventh National Swedish Pension Fund. De igual manera que el componente público, estos fondos operan bajo un modelo de capitalización por el cual la entidad elegida invierte los recursos ahorrados durante la vida laboral del ciudadano para devolvérselo cuando se jubile, a través de un mecanismo de ajuste de la anualidad a percibir que tiene en cuenta la esperanza de vida, la inflación y la tasa de retorno esperada.
Estos fondos son totalmente independientes del presupuesto público. Es decir, son ahorros que el trabajador ha destinado a ingresos futuros, y que serán mayores conforme su salario haya sido mayor y conforme más años haya pasado trabajando.
Adicionalmente, el sistema cuenta con un sistema de protección a la clase más desfavorecida: la pensión garantizada. Se trata de una bolsa del presupuesto público destinada a cubrir la pensión de los ciudadanos mayores de 65 años y con más de 40 años en el país. En 2016 la pensión garantizada asciende a unos 93.900 coronas suecas al año (10.000€) o un 25% de los ingresos brutos medios del trabajador durante su vida laboral, siendo esta cantidad actualizada anualmente en función del IPC registrado. Esto supone, aproximadamente, un 30% del salario medio de una persona sin hijos en Suecia (317.266 coronas suecas, o 33.919€ en 2016, según EUROSTAT).
Bajo este modelo, un pensionista cobra, de media, 13.748 coronas suecas (1.470€), que supone un 52% del salario medio. En España la pensión media ronda los 900€ al mes, lo cual supone casi un 70% del poder adquisitivo de los trabajadores en activo. Según la OCDE, el ratio de reemplazo (% de renta que perciben los pensionistas vs la renta percibida un año antes de la jubilación), en España asciende hasta el 92%, mientras que en Suecia, como hemos comentado, está en torno al 52%. Esta comparativa, sin embargo, no es correcta. Mientras que en nuestro país existe un máximo anual de 36.032€/año, independiente de tu nivel salarial antes de jubilarte, en Suecia tu pensión se calcula, exclusivamente, en función de los ingresos del trabajador durante su vida laboral. Este 92%, por lo tanto, estará contaminado por un mayor porcentaje de pensionistas en los estratos inferiores de renta (que, recordemos, cobran 636€/mes de pensión mínima).
El modelo sueco presenta claros elementos a favor:
• Genera claros incentivos al aumento de la productividad del trabajador. Al tratarse de un sistema de capitalización, cada pensionista recibe lo que ha ahorrado durante su vida laboral. De esta forma, se promueve la meritocracia y se incentiva el desarrollo profesional para generar mayores salarios y, por tanto, más renta para el pensionista.
• Incentiva el ahorro en los agentes económicos.
• Genera certeza en el individuo. No existen elementos de sosteniblidad en el modelo ni demás eufemismos que vienen a poner en duda que el trabajador vaya a recibir su pensión, en función de la coyuntura económica o de la capacidad de gasto público. Cada cual ahorra durante su vida laboral para asegurarse un nivel de vida digno en la pensión.
• Añade elementos competitivos al sistema. El hecho de haber varios entes capaces de gestionar los fondos de pensiones obliga a obtener rentabilidad a los recursos para seguir siendo parte activa del mercado. Además, por contar con un control estatal, se cumplen determinadas garantías de cara al ciudadano sin inferencias políticas en el proceso de inversión. Además, todos los fondos cuentan con mecanismos de transparencia considerados best-practice a nivel mundial.
• No hay víctimas del sistema. Incluso las personas con un nivel menor de rentas perciben una remuneración digna durante su jubilación.
• Independiente del presupuesto público. De esta forma se resta presión al gasto público y se evitan oscilaciones en función del ciclo económico o necesidades gubernamentales.
Por contra, el principal reto al que se debe de enfrentar el modelo es el aseguramiento de los recursos del pensionista en etapas de crisis. Cualquier inversión puede tener una rentabilidad negativa (en términos nominales y reales), perdiendo el pensionista capacidad adquisitiva. Esto suele agudizarse en épocas de crisis donde, incluso, pueden darse casos de quiebra de entidades de gestión. Establecer mecanismos de protección ante estas incidencias resulta algo indispensable para que el modelo tenga éxito.
