miércoles, noviembre 21, 2018

 

La protección del medioambiente es el último invento de los intervencionistas para saquear su bolsillo. Lejos de cumplir sus objetivos en términos de emisiones, las incontables trabas e impuestos ya están destruyendo empleo.El sector automotriz en España da empleo a 279.000 personas. La mayoría -212.000 -son contratos de las empresas de componentes automovilísticos, más pequeñas y vulnerables que las compañías que todos tenemos en mente. Además, el valor añadido sectorial en nuestro país se reduce al ensamblaje del coche. O, lo que es lo mismo, operarios que forman parte de una cadena de valor, de bajo nivel formativo y, por lo tanto, fácilmente sustituibles.

Somos capaces de mantener las plantas en España gracias a todo un entramado de subvenciones que, en el fondo, suponen un pozo sin fondo para el paro encubierto. La realidad es que pagamos entre todos el empleo precario de unos pocos, que entran y salen varias veces al año del mercado laboral. Todo ello, en función de cómo esté hecha la norma.

Esto implica una elevada vulnerabilidad de nuestro país a shocks en el sector. Algo que parece que nuestros gestores parecen obviar, vistos sus últimos movimientos.

Durante el verano escuché voces triunfantes que ponían en duda la desaceleración económica basándose en los datos de venta de vehículos. Concretamente, la tasa de variación interanual en la matriculación se situó en un 48,7% y 19,3% en julio y agosto, respectivamente. Y, frente a la demagogia, datos: La razón ha sido la entrada de un nuevo test de emisiones que encarecerá los vehículos que no cumplan ciertos requisitos y que se matriculen a partir de septiembre.

Es decir, estamos ante un adelantamiento de la compra del vehículo ante un cambio normativo. De hecho, las matriculaciones del mes de septiembre ya han caído un 17%. Previsible.

Nuestros gobiernos se están acostumbrando a que sus sucesivos bandazos no tengan ninguna respuesta por parte del sector privado. Y esto, como todo, tiene un límite.

El ataque masivo a los vehículos diésel pasa factura en términos de ventas. La caída tanto en Europa como en España es constante durante los últimos meses. En nuestro país, además, la incertidumbre regulatoria se incrementa. Ya no sólo existen dudas de si van a poder entrar en las grandes ciudades, sino que, además, el impuesto que incrementará 15 céntimos al diésel ya está descontado en los próximos presupuestos generales del Estado, en caso de ser aprobados.

Ya lo hemos avisado en este blog (lean): el gravamen al diésel tiene una finalidad meramente recaudatoria. Los impuestos a los combustibles solamente han aumentado en las últimas décadas y, ante la falta de sustitutivos, no han tenido ningún efecto en términos medioambientales. La reducción proporcional del combustible y de las emisiones viene por el esfuerzo innovador de las compañías automovilísticas.

Las consecuencias de este desmadre normativo ya se están haciendo notar. Mercedes-Benz y Ford están avisando de que van a reducir la producción en sus plantas de Vitoria y Valencia, respectivamente. En términos de empleo directo, el impacto es limitado: 12.800 empleos. La trampa está en el indirecto. Teniendo en cuenta la red de empresas colaboradoras, el impacto podría ascender hasta los 50.000 empleos.

Según la Agencia Tributaria, un desempleado español cobra de media 7.746 euros al año. Es decir, ya nos ponemos en más de 390 millones de gasto adicional por prestaciones por desempleo.

Pero el drama de estos trabajadores va más allá. Estamos ante personas excluidas del mercado laboral por un sistema dominado por los incentivos perversos que se ven, una vez más, engrosando las listas del paro. Hasta que el gobierno de turno decida que se pongan a trabajar. Años y años de “protección” de su empleo que, en realidad, cristalizan en una servidumbre absoluta.

Nuestros gestores públicos intervencionistas, y el entramado clientelar que han creado, son los más afectados por la revolución digital. Por eso ejercen de freno. Como consecuencia, estas fábricas dejan de ser centro de innovación y mantienen modelos anclados en el pasado. Mientras, dejan a sus trabajadores en la cuneta. Trabajadores que, antes o después, verán desplazados sus empleos sin tener una alternativa viable.

Ante una situación que es un verdadero drama humano, y que es posible que no haya hecho más que empezar, pasará por lo mismo de siempre: más intervencionismo. La Ministra Montero ya ha dejado caer que podría poner en marcha un nuevo Plan E, similar al de Zapatero, que paliara los efectos negativos del impuesto al diésel.

Un Plan E que, según el Tribunal de Cuentas y otros organismos competentes, supuso unas pérdidas de 7.800 millones de euros e irregularidades y desmanes varios. Esto, a parte de que solamente un 15 % de los 400 ayuntamientos beneficiarios dio prioridad al empleo como criterio de reparto.

Todo un éxito que nadie se explica porqué no se ha repetido aún -nótese el tono irónico.

¿Quiénes son los ganadores y perdedores ante un Plan E? Veamos:

El Estado invita a los ciudadanos con coches antiguos a cambiarlos “por otros que contaminen menos”. Quienes no hayan podido cambiar su coche de hace décadas, seguirán sin poder hacerlo ante una ayuda de 1.000 ó 2.000 euros. Mientras, las empresas tienen el incentivo perfecto a subir el precio del vehículo en esa cuantía, y a las clases medias y altas la factura de su coche nuevo permanece inalterada.

Eso sí, el Estado seguirá recaudando los 200€ adicionales en impuestos por vehículo diésel (nuevo o antiguo), recauda lo propio en impuestos de matriculación y demás, y recauda también por la propia ayuda concedida. Un negocio redondo que paga íntegramente el ciudadano.

Ante tal despropósito, las ventas de automóviles diésel seguirán sin crecer, y las plantas seguirán llevando a cabo ajustes. ¿Adivinan cuál será el siguiente paso político? Correcto, nuevas subvenciones locales o regionales para que las plantas automovilísticas continúen, artificialmente, con su actividad.

Todo un éxito, si no fuera porque el ciudadano, y especialmente el más vulnerable, se aleja aún más del mercado laboral, soporta más impuestos y engorda cada dos por tres las listas del paro.

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