martes, octubre 23, 2018

El equilibrio entre sector público y sector privado ha sido objeto de debate y confrontación filosófico-social desde tiempos inmemoriales. Teorías económicas, autores, e incluso muertes en pos de un ideario determinado se han sucedido, prácticamente, desde la Revolución Industrial. Afortunadamente, todos ellos parten de la premisa de que el sistema capitalista ha sido el único capaz de crear riqueza y mejorar la vida y recursos de las personas que poblamos el planeta tierra. Sin embargo, ¿es capaz de superar los retos a los que se enfrenta actualmente?

El aumento del sector público en la actividad económica se ha visto justificado de varias formas: desde la necesidad de establecer un ente superior que vele por los intereses nacionales, hasta la construcción de megaestructuras estatales capaces de sacar a países enteros y sistemas económicos de situaciones de graves crisis, pasando por todos los estadios intermedios posibles.

Sin embargo, desde la reconstrucción de la II Guerra Mundial hasta hoy, pasando por el New Deal, Estados y sector privado han luchado cuerpo a cuerpo para hacerse con la tarta del desarrollo que hoy disfrutamos. Estados Unidos, considerada la potencia mundial por excelencia, logró su etapa de mayor esplendor bajo un Estado que suponía un 5% del PIB, en la década de los 90. Como contrapartida, en Europa reinó el modelo de Estado Bienestar, en el cual los Estados eran los principales responsables de la creación de riqueza, construyendo macrocorporaciones en sectores estratégicos y centrando sus esfuerzos en la reducción de desigualdades.

El resultado es conocido por todos: el milagro americano, que ofrece tantas posibilidades como dudas acerca de la supervivencia de los más desfavorecidos versus el Estado de Bienestar europeo. No obstante, a pesar de las diferencias, en la actualidad ambos modelos confluyen en una situación de inestabilidad y dudas acerca de la sostenibilidad. Endeudamiento, exceso de capacidad, ausencia de crecimiento sostenido, etc.

Resumiendo: la economía no acaba de resurgir desde la caída de Lehmann Brothers y las finanzas públicas no soportan mayor endeudamiento sin comprometer su solvencia. ¿Cuál es la solución?

Para los seguidores del blog, sabéis que no creo en el sector público como generador de actividad económica, ni imprimiendo dinero (click aquí para leer mi crítica al QE de Draghi) ni gastando más de lo que es capaz de generar a través de ingresos públicos (click aquí para leer mi crítica a la recuperación). La estructura estatal debe existir como árbitro encargado de salvaguardar los mecanismos del libre mercado, y para asegurar unas condiciones de vida dignas, presentes y futuras, a todas las personas bajo su tutela. Cualquier otra cosa supone ocupar un espacio que solamente sabe optimizar el sector privado. [Nota del autor: esta reflexión es solamente válida para el momento actual, pues creo que la labor del sector público en el desarrollo de las últimas décadas ha sido un factor clave; la inversión en infraestructura y la creación de estructuras sociales es imprescindible en una sociedad que pretende tildarse de desarrollada.]

Sin embargo, un modelo económico en el que el Estado supone, de forma directa, el 40-60% de la actividad no es ni será sostenible. Más allá del debate acerca de las capacidades con las que cuenta (un servidor piensa que la especialización es una clave en el avance económico, razón por la cual el Estado no está capacitado para desarrollar muchas de sus actividades actuales), hay varias razones por las que la reducción del sector público es una obligación:

Libertad económica. La historia económica ya ha demostrado que el cercenamiento de libertad a cambio de mayor seguridad por parte del pueblo conlleva inevitablemente a situaciones de tiranía, dominación y abuso de poder. Las familias/empresas son las entidades mejor capacitadas para decidir el destino de sus recursos.

Equilibrio de poder. Que un porcentaje tan elevado de la evolución económica de una sociedad dependa directa o indirectamente de una sola persona implica, inevitablemente, cambios de rumbo a merced de la voluntad de dicha persona. Para que nos entendamos, con un ejemplo que no es económico: ¿Cuántas veces se ha cambiado la ley educativa española en los últimos años? Prácticamente, cada vez que un nuevo partido político ha logrado el poder. ¿Cuánto ha perjudicado esta situación a los jóvenes españoles?

El sector público se mueve por objetivos sociales y no económicos. Está en su ADN. De hecho, su principal misión consiste en identificar y resolver las debilidades del sector privado para mejorar la vida de las personas. Por lo tanto, un banco público, además de ineficaz (solamente los banqueros saben cómo funciona su negocio) es ineficiente. Lejos de contribuir al crecimiento y a la prosperidad, provocará graves desequilibrios que antes o después explotarán (ya hemos comentado algún ejemplo en este blog, click aquí), además de ser comido por la competencia privada (la famosa mano invisible). Y esto es solamente un ejemplo de tantos que podría poner (innovación, energías alternativas, etc.)

Ausencia de incentivos para la eficiencia. Derivado del punto anterior, sin objetivos económicos no existe razón alguna para que los trabajadores públicos busquen mejoras con el objetivo de eficientar sus tareas. Y sin eficiencias, efectivamente, el mundo en el que vivimos es insostenible. Bajo este y cualquier otro sistema.

Crecimiento económico. Por ser el último, no es menos importante. Todo lo contrario. El sector público ha agotado su capacidad de inyectar crecimiento económico y generar puestos de empleo. Con un 20% de sobrecapacidad en el sistema, cualquier inversión pública solamente conducirá a dos efectos contraproducentes: desincentivar la inversión privada y generar más exceso de capacidad (aeropuertos zombies, por ejemplo). Solamente el sector privado es capaz de interpretar las señales del mercado, y destinar recursos a las actividades que generan valor para los clientes, que, casualmente, son también ciudadanos.

No obstante, todo lo anterior parece pasar por alto las necesidades sociales actuales. Y, para qué vamos a engañarnos, hay muchas de ellas y muy urgentes. Desde la pobreza hasta el cambio climático, pasando por la vejez, los cuidados especiales, etc. Actividades para las que, según los amantes del sector público, las empresas no tienen solución. Vaya. Siento decepcionaros, pero he de decir que en los últimos años las empresas sociales adquieren cada vez más peso en una economía colaborativa, responsable y comprometida.

¿Qué es una empresa social? La verdad es que no hay una definición clara, aunque a mí me gusta definirla como una entidad privada cuya actividad se dedica, exclusivamente, a una actividad con beneficios sociales tangibles. Es decir, es una entidad que nace de la iniciativa privada, y lucha por generar beneficios año tras año en un entorno competitivo. A partir de ahí, gente como Muhammad Yunus (creador de los famosos micropréstamos) añade el requisito de que el 100% de los beneficios sean reinvertidos en la empresa o invertidos en otra empresa social. Y supone la cuadratura del círculo capitalista. La época en la que ganar dinero era fin y medio en sí mismo se ha acabado. Actualmente importa tanto el qué como el cómo, y grandes corporaciones multinacionales (pregúntenle a Nike, si no me creen) se ven obligadas a modificar por entero su sistema productivo ante un grave correctivo del consumidor a nivel mundial.

¿Cómo se financian estas empresas? No voy a negar la falta de respaldo que obtiene una entidad de esta naturaleza (generalmente tienen graves problemas para comenzar, y cuentan con rentabilidades muy bajas) por parte del sector financiero. Sin embargo, cada vez son más los inversores que añaden la dimensión social en sus decisiones de asset allocation, y existen business angels (denominados social venture capital) dedicados exclusivamente a este tipo de empresas (abarcando varios sectores). Esto, por no hablar de las políticas de RCS de las grandes multinacionales, que, por idénticas razones, cada vez reciben más recursos de la matriz y soportan mayor presión por parte de inversores y agentes de mercado (incluidos, por supuesto, los consumidores).

En resumen, el sistema ya cuenta con mecanismos adecuados para solventar el principal problema al que se ha enfrentado el capitalismo. Ahora está en manos de los legisladores permitir que adquieran las dimensiones necesarias para que sus efectos sean palpables. Pero, claro, eso supone perder poder y poner en riesgo muchos sillones políticos.

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