domingo, octubre 21, 2018

 

 

Hace unos días hemos vuelto a presenciar paros en el sector del taxi como protesta ante el desarrollo de agentes como Uber o Cabify en nuestro país. Los taxistas pretenden que el Gobierno central o, en su defecto, los Gobiernos regionales, restrinjan los vehículos de transporte con conductor (VTC) y se equivocan.

El sector del taxi ha sido tradicionalmente un monopolio gubernamental gestionado por agentes privados. Es un candidato ideal para ser considerado uno de los mercados más ineficientes de nuestro país y, por lo tanto, carne de hecatombe:

Oferta regulada. La concesión de licencias por parte de los Ayuntamientos ha supuesto una carestía en la oferta de transporte terrestre con conductor. Además, el precio también viene determinado a nivel local, lo que ha generado una demanda latente (especialmente en el segmento más sensible al precio) que han aprovechado las VTC que predominan a nivel mundial.

Incentivos perversos. Al operar bajo régimen de monopolio, los taxistas solamente tienen que poner a disposición del usuario un coche y realizar un servicio de conducción determinado. En términos estrictos, no importa si el usuario está contento o no. Como no hay más opciones, éste no tiene apenas mecanismos para premiar a los buenos taxistas y castigar a los malos. Para la próxima vez que quiera coger un taxi, tendrá que volver a rezar para que el servicio sea el adecuado. De esta forma, no hay incentivos a la mejora ni un sistema real de protección del consumidor que añada certidumbre al modelo.

Inadaptación al medio. En un entorno digital como el que nos rodea, solicitar un servicio de taxi a día de hoy es exactamente igual que pedirlo hace 20 años. La evolución del proceso de compra y disfrute del servicio ha sido mínima, con su correspondiente obsolescencia en términos, por ejemplo, de facturación (añadiendo incertidumbre y discrecionalidad por parte del taxista al modelo), petición del servicio, método de pago, etc.

Expectativas. El precio que se paga por taxi lo convierte prácticamente en un servicio de transporte terrestre premium. Y, por lo tanto, se espera de él un estándar de calidad elevado que, en muchas ocasiones, no se cumple, arrojando clientes insatisfechos a las manos de cualquier agente que aparezca con un precio y calidad de servicio razonables.

Y eso es, exactamente, lo que ha ocurrido. ¿Tiene esto algo que ver con los agentes que han entrado en nuestro país? Rotundamente, no. El taxi cree que el Estado es su principal protector aliado, y lo que está ocurriendo demuestra lo contrario: es su mayor amenaza. Mantener un sector bajo una cúpula protectora que se está resquebrajando es sinónimo de que antes o después va a desplomarse, llevándose por delante la vida de muchas personas.

Las cifras son claras: en España hay 69.972 licencias de taxi (fuente: INE) frente a 6.455 de VTC (Fuente: Ministerio de Fomento). Visto así, parece que los taxistas exageran en sus protestas. Sin embargo, esta postura se comprende mejor cuando te das cuenta de que Sevilla, Barcelona y Madrid rebajan la cifra de taxistas hasta 30.373, mientras que la mayoría de VTC operan principalmente en esas ciudades. Es decir, por cada cinco taxis que hay en estas ciudades hay un vehículo de transporte con conductor. Esta situación se torna más preocupante cuando se observa la evolución en los últimos años:

No es de extrañar que los taxistas estén preocupados. Tienen ante sí un servicio claramente desposicionado, una inversión cada vez más difícil de rentabilizar y, lo que es más importante, unos competidores que están capitalizando toda esa demanda insatisfecha, tanto por precio como por calidad de servicio.

Donde no puedo mostrar tanta empatía es en la forma de canalizar esa preocupación. Uber, Cabify y el resto de VTCs ofrecen un servicio sustitutivo al suyo que, en muchas ocasiones, lo supera. No sólo por los elevados estándares de calidad que se autoimponen, si no porque ofrecen un servicio a precio cerrado (lo cual disminuye la incertidumbre y discrecionalidad del conductor), adaptado a internet y a los nuevos medios de distribución, y a un precio de mercado. Todo ello, operando en un entorno más controlado que cualquiera de los seguidos por los múltiples comités y organismos que seguro evalúan a los taxis: internet. Una sola mala opinión de uno de sus conductores pesa más que muchas positivas a la hora de captar nuevos clientes, o de volver a usar el servicio. Es lo que tiene la competencia: un mal servicio de una empresa puede ser ofrecido por otra sustitutiva, con su consiguiente mejora de bienestar en la población y de prosperidad. Y eso, en un mercado de taxis monopolístico es imposible.

El taxi debe evolucionar hacia un modelo liberalizado, en el que se establezca un precio de mercado para cada licencia de taxi y un período de amortización, de tal forma que los Ayuntamientos devuelvan a los propietarios de dichas licencias el importe correspondiente en cada caso, y reduzca la cantidad de trabas burocráticas que ahogan a los taxistas y hacen que su servicio sea aún más ineficiente. O, lo que es lo mismo, que el taxista opere en igualdad de condiciones con las VTCs y gane el que mejor servicio ofrezca, tanto en términos de calidad como de precio.

Los taxistas aún cuentan con la capacidad de llegada y confianza de muchos usuarios, pero eso no va a durar siempre. Secuestrar los derechos y libertades de sus conciudadanos (y, en muchos casos, potenciales clientes) no es el camino para solucionar su problema, máxime cuando enfocan sus iras hacia los que pueden impulsar su negocio en vez de hacia los que realmente lo están enterrando. Espero que iniciativas como las de Baleares o Madrid. El taxi no tiene problemas para competir, pero deben lograr que se lo permitan.

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