Afortunadamente, ya se ha formado una mesa de negociación en la que participa el partido que más votos ha recibido. Tengo serias dudas de que tenga alguna finalidad productiva (más allá de captar votos en unas hipotéticas terceras elecciones), aunque creo que es un buen primer paso. Lo que me preocupa es observar una vez más cómo se dejan de lado puntos clave para el futuro de este país.
Especialmente preocupante es el mercado de trabajo. Exhibir con orgullo una tasa de paro del 22,7% es impropio de un país que pretende tener cierta relevancia a nivel internacional. Naciones con una tasa de paro mucho menor están atajando el problema de forma más decidida. ¿Cómo?
• Flexibilizando el entorno laboral: menores trabas al despido, supresión/disminución del salario mínimo, contratos de bajos salarios sin pagos a las administraciones públicas (mini-jobs), etc. También, reformando el SEPE, de tal forma que deje de ser un mero receptor de enganchados a las ayudas estatales y se convierta en un punto de encuentro entre ofertantes y demandantes de empleo, en el que los incentivos para quedarse desempleado se reduzcan, y se penalice el rechazo de puestos de trabajo
• Evolucionando nuestra estructura empresarial: Según el DIRCE, el 83% de las empresas tienen menos de 2 trabajadores. Esto supone una lacra para la competitividad del país, con su consiguiente impacto sobre la capacidad de exportar y de soportar futuras crisis, tanto en términos de empleo como de ingresos fiscales. En este aspecto el Estado no debe influir directamente (rompería las dinámicas del libre mercado), por lo que la vía pasa por definir los incentivos adecuados. Revisar las obligaciones sindicales, establecer un marco normativo más claro y estable para las vías de financiación no bancaria, masificar otras herramientas de financiación (como las sociedades de garantía recíproca) e incentivar fiscalmente la profesionalización de la empresa familiar, distinguiendo entre propiedad y gestión son solamente algunos ejemplos al alcance de la susodicha mesa de negociación.
• Fomentando el emprendimiento con una cuota de autónomos progresiva, en función de la facturación, hasta llegado un determinado umbral, a partir del cual se pagará el máximo establecido hoy en día. Con un sistema que libere de tributación a las empresas de nueva creación hasta que logren 2 años de beneficio neto (como en Reino Unido), o tributando solamente en el caso de que se repartan beneficios entre los accionistas (como en Estonia). Eliminando procesos burocráticos, duplicidades administrativas y barreras territoriales. Son solamente algunos ejemplos de medidas que han triunfado en otros países y aquí ni son sometidas a debate público. La mochila austríaca es un buen comienzo para dotar de flexibilidad e individualismo al sistema, pero por sí sola no va a solucionar el problema, ni en el corto ni en el largo plazo.
Otro tema clave son las finanzas públicas. Establecer un techo de gasto público y poner a raya el déficit es un must que debemos acometer con la máxima urgencia posible. Los gestores públicos actuales ya están viviendo en sus carnes las consecuencias de la falta de libertad derivada de unas necesidades de repago de la deuda. Si realmente tienen en cuenta a las generaciones futuras en sus conversaciones, deberían atajar un problema que cada vez nos deja menos margen de maniobra.
Con un exceso de capacidad del 22% el gasto público no ejerce ningún tipo de efecto multiplicador; más bien lo contrario: se trata de un freno a la competencia y provoca una reacción crowding-out en los mercados financieros. España logró su época de mayor crecimiento con un gasto público equivalente al 38%; con un 43% con tendencia creciente no estamos logrando reactivarla. Quizás sea el momento de ejecutar un cambio de estrategia vía pactos de Gobierno, sin poner en jaque a nuestro Estado de Bienestar.
Este ajuste, además, debería hacerse vía racionalización del gasto. No a través de más impuestos que entorpecen (aún más) la actividad privada. Con casi un 50% de la renta disponible en un hogar medio debería ser suficiente para financiar un Estado que garantice unos niveles de vida dignos en la época en la que vivimos. Eliminar las subvenciones, o evolucionarlas hacia incentivos fiscales, además de ayudar en el proceso de reducción de gasto, elimina incentivos perversos de la economía y la orienta hacia la meritocracia y la actividad económica. Hacer más eficiente el gasto público y reducir la inversión en infraestructuras al mínimo necesario para mantener las actuales son políticas que no tocan los pilares del Estado de Bienestar y aseguran su supervivencia en el largo plazo.
Finalmente, es necesario un impulso decidido al proyecto europeo. La armonización (a la baja) de las normativas fiscales, junto con una institución que asegure el cumplimiento de los objetivos presupuestarios de los distintos países; un único mercado financiero europeo, que aglutine a las entidades más relevantes y asegure su rentabilidad a corto y medio plazo y su capacidad para competir en un entorno global; y una normativa financiera transparente, que permita la compartición de datos bancarios como eje clave para acabar con la evasión fiscal son elementos que impulsarían a la Comunidad Europea y, por tanto, a nuestro país.
Estas propuestas y algunas más están detalladas en mi programa electoral tipo (click aquí, aquí, aquí y aquí para leer), aunque sigo sin verlas en los medios de comunicación. En su lugar, tengo que leer todos los días cómo nuestros gestores públicos están de acuerdo en pedir a Bruselas flexibilidad (esto es, aumentar las partidas de gasto público orientadas a partidas corrientes), derogar una reforma laboral que está funcionando, acabar con la corrupción con incentivos totalmente equivocados (hecha la ley, hecha la trampa) y demás detalles que solamente dan una vuelta de tuerca a un sistema obsoleto, deficitario e insostenible. Una verdadera pena.
