En el anterior post comencé a esgrimir los aspectos que, a mi entender, debería recoger el programa económico que necesita España dadas las circunstancias. Hablamos de los elementos clave que necesita el mercado de trabajo y de la imperiosa necesidad de establecer un riguroso control sobre las finanzas públicas, usando la principal herramienta con la que cuenta nuestro Gobierno: el presupuesto público. Para los que se lo hayan perdido, pueden leerlo aquí.
En este post abordaremos otros temas básicos para sanear nuestra economía y protegerla frente a futuros shocks, que, como ya hemos hablado en este blog, podrían producirse en el medio plazo (podéis leerlo aquí)
• Gasto público. En el punto anterior quedó patente la idea de que, en el contexto de un saneamiento de las arcas públicas, primero era necesario reducir el nivel de gasto para, en un segundo estadio, estar en posición de reducir los impuestos soportados por los agentes económicos. Al respecto de la reducción de gasto, hay dos mantras que me producen, sencillamente, risa: «No se puede recortar más sin que los servicios sociales básicos se resientan» y «las políticas de austeridad están cavando nuestra propia tumba»
Cuando el Gobierno publicó los PGE, hace ya unos meses, alguien hizo el ejercicio de calcular cuánto nos cuesta cada minero a los españoles. La cifra es realmente sorprendente: 125.000€. Cada minero. Como todos sabéis, la minería es un sector que vive gracias a las subvenciones gubernamentales, con un precio y un producto claramente desposicionados, tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales. No es propósito de este post analizar el sector, aunque sí plantear una serie de preguntas. ¿Alguien cree justo y equitativo destinar 125.000€ a cada minero? ¿De verdad creemos que el sector del carbón aporta valor adicional a la economía como para destinarle 411M€ en 2016? Y, sobre todo, ¿realmente nadie cree que ese dinero podría estar mejor destinado, o incluso ahorrado? No tengo nada en contra de los mineros, pero, honestamente, un plan de reciclaje para poder desempeñar otras tareas sería más beneficioso para todas las partes que continuar subvencionando un sector adulterado, improductivo y obsoleto. Y repito que este es solamente un ejemplo, puesto que podríamos hablar en términos similares de las energías renovables, del sector primario, de Planes E (según el Tribunal de Cuentas, cada empleo temporal creado a raíz de este plan costó más de 13.000€/mes), y de un largo etcétera.
Además, los PGE continúan estando repletos de partidas cuestionables. Este año, como parte del pre-programa electoral, se ha aumentado la destinada a infraestructuras públicas. Me pregunto qué más necesita España: ¿otro aeropuerto fantasma? ¿otra autopista a rescatar? ¿una autovía que una dos pueblos cuya población supera ampliamente los 80 años? Supongo que la respuesta que tenemos todos en mente es clara: AVE. Acepto que ese es un concepto, cuanto menos, debatible. Sin embargo, si lo que necesitamos es AVE, el presupuesto destinado debería tildarse como extraordinario y no recurrente. La partida destinada a infraestructuras públicas de un país como España debería permanecer durante unos cuantos años en los niveles necesarios para mantenerlas, nunca construir nuevas.
Será que tocar cualquier elemento de los PGE es llevar a cabo políticas de austeridad, que tan malos resultados están dando en países como Alemania (en 2014 ya logró déficit 0, y no creo que nadie pueda tildar a nuestro socio germano de no aplicar el Estado de Bienestar) o Irlanda (segundo país rescatado en 2010, y hoy en día el que más crece de la UE, tal y como ya analizamos en este blog), o será, sencillamente, desconocimiento. Un Gobierno que gasta en 2014 un 0,4% más que en 2008 no puede presumir de austeridad. Y, para que nadie crea que este análisis es partidista, el presupuesto de 2015 contempla un aumento de gasto interanual del 4%; si lo comparamos con 2012 (año en el que el Gobierno ocupó la Moncloa), la reducción del gasto público ha sido del 2,72%. ¿De verdad alguien cree que este Gobierno ha sido austero? ¿Realmente alguien sigue convencido de que no hay donde recortar? Y eso que no he entrado en la partida de la plantilla pública, que será otro punto a debatir. Queda patente que hay recorrido para eficientar el sector público, dejar hueco a la libre competencia y mantener el fantástico Estado de bienestar del que gozamos los españoles.
• Sector público. Debemos exigir al Gobierno entrante avanzar hacia una administración más ágil, electrónica, sencilla y flexible no sólo facilitamos la vida al ciudadano de a pie, si no que también reducimos trabas para la creación y crecimiento de empresas que, no me cansaré de repetirlo, han de ser las verdaderas creadoras de empleo en España. Estando al nivel de países claramente subdesarrollados en términos de libertad económica, y siendo necesarios más de 130 días para crear una empresa, sencillamente, continuamos cavando nuestra tumba.
Además, como ya he dejado entrever en los puntos anteriores, el sector público debe dejar de ser un agente activo en muchos mercados clave para la economía y dejar que sea el sector privado, el libre mercado y la competencia quienes tomen las decisiones y construyan las dinámicas de mercado, pues es la única forma de que exista inversión sostenida, incentivos de crecimiento y mejora de la productividad, y, lo que es más importante, creación de empleo de calidad. Penalizando a las empresas a base de impuestos, burocracia y decisiones sesgadas, lo único que hacemos es echar capitales de nuestro país, por lo que una nueva política industrial es imposible.
Por último, es clave tratar el gravísimo problema que hay en torno a los empleados públicos. Un país en el que el 22% de su población ocupada trabaja directamente en el sector público (esto es, no contamos el empleo indirecto) es una enorme losa que cargamos a cuestas todos los contribuyentes. Vaya por delante que no defiendo un despido masivo entre el funcionariado, aunque sí acciones claras para mejorar su productividad, cursos de reciclaje que fomenten el dinamismo entre los trabajadores para poder bascular la plantilla hacia las actividades más intensivas en mano de obra según el momento, y, lo que es más importante, una revisión de las políticas salariales. Los funcionarios deberían ser el orgullo del Estado, y como tal hay que premiarlos y exigirlos. Introducir componentes variables adicionales, en función de objetivos, en las nóminas; establecer mecanismos de control de productividad (independientes del ciclo electoral) y de motivación de la plantilla; y revisar las necesidades de reposición de la plantilla pública son algunos de los ejemplos de las medidas a tomar bajo mi punto de vista.
