lunes, agosto 20, 2018

 

 

El gobierno de Pedro Sánchez ya está en marcha, logrando una aceptación notable entre medios de comunicación y sectores críticos. La valoración ministro a ministro es positiva, con dos carteras clave dado el entorno al que nos enfrentamos en los próximos años: economía y hacienda.

Respecto a economía, el nombramiento corresponde a una señal clara lanzada hacia la Unión Europea. Nadia Calviño es una reputada profesional, sobradamente conocida en las instituciones europeas, y viene directamente de un departamento que asegura el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la estabilidad en las relaciones institucionales con nuestros socios comunitarios.

La incógnita, por lo tanto, se traslada a María Jesús Montero. La ex-consejera de hacienda y administración pública de la Junta de Andalucía viene con la medalla de haber cumplido los objetivos de déficit de Andalucía y de optar a sacarla del Fondo de Liquidez Autonómica durante el presente año. Dos logros de envergadura, si no fuera porque son solamente la punta de un iceberg que podría estar a punto de derretirse.

Su modelo de gestión se ha basado en exprimir a familias y empresas aprovechando los vientos de cola. Y eso tiene riesgos. En la película margin call, el máximo mandatario de Lehman Brothers explica la diferencia entre su trabajo y el del becario que ha dado la voz de alarma: escuchar la música. Yo estoy aquí para escuchar la música e interpretarla. Es mi trabajo. Y ahora no escucho nada.

Tras asumir la cartera de hacienda de una de las comunidades con mayor presión fiscal, desde 2014 a 2017 Montero ha incrementado el gasto público a un ritmo medio del 3,9% anual. Esto, teniendo en cuenta que en el año 2015 tuvo que llevar a cabo un movimiento de contención del gasto para poder cumplir los objetivos con el Gobierno Central y permanecer en el FLA, son 2 puntos porcentuales de media al año por encima del crecimiento del PIB.

Llenar los presupuestos del adjetivo social y esconder el endeudamiento entre los grandes agregados macroeconómicos no elimina uno de los grandes retos que deja en el cajón de su sustituto: la deuda. La partida destinada al pago de deuda pública se ha incrementado un 42% entre 2014 y 2018. Esto, en un contexto con los menores tipos de interés de la historia y una migración del volumen de deuda hacia el gobierno central, que ha superado los 25.000 millones de euros en tan sólo 6 años a  través del FLA.

Solamente la Comunidad Valenciana y Cataluña superan a Andalucía en términos de fondos obtenidos a través del mecanismo de financiación extraordinario de las comunidades autónomas. El Gobierno de España ha asumido casi el 75% de la deuda pública andaluza, pero ésta sigue siendo un pasivo que hay que pagar. En el presupuesto de 2018 la deuda ya se comerá más del 13% del gasto total de la región, 4 puntos porcentuales más que en 2015.

Frente a regiones prósperas como Madrid, cuya deuda pública es del 14,9% del PIB, la Junta de Andalucía ya acumula el 22% de su PIB, y con una tendencia al alza. Revertir esta dinámica es un elemento de sostenibilidad que parece que estaba olvidando nuestra nueva ministra, teniendo en cuentan unas condiciones económicas internacionales que podrían derivar en una parada súbita en las economías emergentes similar a la de 2008.

Una región con déficit público estructural, deuda pública en aumento y déficit comercial de mercancías durante 15 de los últimos 17 años es muy vulnerable a shocks económicos externos. Especialmente en un entorno en el que la excesiva intervención, tanto del Banco Central Europeo como del gobierno central, provocan claras distorsiones en los precios de los activos financieros y niveles de rentabilidad que no reflejan el riesgo asociado. La desvinculación del FLA y posterior salida a los mercados financieros internacionales, por lo tanto, es una incógnita en el medio plazo. Minimizar este riesgo juega a favor de la economía andaluza, y parece que Montero lo ha obviado.

En una economía como la andaluza, la música puede dejar de sonar de forma repentina. Y, si eso ocurre, los estabilizadores automáticos que están salvando sistemáticamente los presupuestos por el lado de los ingresos se evaporarán. De los 2.000 millones de euros de incremento en la recaudación regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde 2014, más de 1.500 son atribuibles solamente al tramo autonómico de IRPF y al IVA.

Montero tuvo la oportunidad de sacar a Andalucía del ránking de las regiones que mantienen un mayor tipo máximo y mínimo de IRPF y decidió mantener el infierno fiscal. Cataluña, Andalucía y Galicia fueron las únicas regiones que mantuvieron el tramo autonómico de IRPF en 2015, cuando se llevó a cabo la reducción del tramo estatal del impuesto. Cualquier cosa con tal se seguir sufragando la enorme administración paralela y demás desmanes públicos que ocurren en regiones tan intervenidas como la andaluza.

Acudir al comodín del cambio de modelo de financiación autonómica es un juego peligroso, especialmente cuando eres la segunda región que más fondos recibe, los ingresos asociados al sistema de financiación son un 55% de los recursos a tu disposición, y casi el 72% del incremento en ingresos desde el año 2014, cuando Montero aprobó sus primeros presupuestos, se corresponde a mayores recursos provenientes del modelo de financiación.

Los mercados huyen del saqueo fiscal porque saben que es un castillo de naipes al borde de un acantilado en una noche de otoño. En los últimos cuatro años, la inversión extranjera directa en Andalucía ha decrecido un 18%, mientras que para el conjunto del país se ha incrementado un 50%.

Toda una señal para una nueva ministra que deja desequilibrios tras de sí.

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