sábado, septiembre 19, 2020

 

El pasado martes 7 de enero Pedro Sánchez logró formar gobierno. Será el primer Ejecutivo en coalición, en el que miembros de Unidas Podemos y del PSOE compartan la mesa del Consejo de Ministros. Un gobierno que arranca con la economía española dirigiéndose hacia un crecimiento inferior al 2%, con el mercado de trabajo presentando síntomas de fin de ciclo, y con un déficit público que, por primera vez desde la salida de la crisis, podría mantenerse en el 2,5% del PIB en 2019, según el Consejo General de Economistas.

En este contexto, el acuerdo firmado como hoja de ruta para el gobierno recién formado ha suscitado serias dudas entre analistas, organismos nacionales y supranacionales, y organizaciones de empresarios. Incluso, los responsables de CEOE y Cepyme afirmaron que estaba “más cerca del populismo que de la ortodoxia económica”.

Estos son los grandes bloques de acción del pacto PSOE-Unidas Podemos

Fiscalidad

Incremento del IRPF a rentas altas. Concretamente, hasta el 47% (+2 puntos porcentuales) para las rentas superiores a 130.000 euros, y hasta el 49% para las que sean superiores a 300.000 euros. Una medida con una baja efectividad, habida cuenta de que sólo 99.582 personas declaran más de 150.000 euros, el 0,5% del total de declarantes, y su tributación supone casi el 20% de la recaudación por IRPF. Una estimación optimista de las rentas superiores a los 130.000 euros anuales rondaría las 300.000 personas, que ya estarían acumulando el 33% del IRPF total.

Dicho de otra manera, la economía española se enfrenta a una nueva subida para un colectivo cuya presión fiscal es ya elevada, lo cual supone un incentivo a la evasión fiscal y/o a la deslocalización.

De hecho, estudios como el de José Félix Sanz[1] en el Journal Applied Economics, afirman que un incremento del fiscal del 1% para las rentas superiores a 100.000 euros genera un descenso de la recaudación del 3,6% por el efecto deslocalización.

Incremento en el gravamen para las rentas del capital de 4 puntos porcentuales para las rentas superiores a 140.000 euros. Una medida cuyo análisis es similar a la anterior y, además, puede generar un efecto desplazamiento del ahorro y la inversión nacionales.

Impuesto de sociedades del 15% para grandes empresas y del 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Una medida que no queda clara en el acuerdo de gobierno, aunque, a tenor de declaraciones y programas electorales anteriores, todo parece indicar que será sobre el beneficio contable y no sobre la base imponible. De ser así, las empresas verían gravada por partida doble su actividad en el extranjero, lo cual vulnera convenios de doble imposición firmados con la mayor parte de países del mundo y, por lo tanto, estará sujeta al veredicto de arbitrajes internacionales. En caso de ser sobre la base imponible, el efecto recaudatorio sería nulo: Las grandes empresas (con más de 250 trabajadores) ya están tributando al 21,83%, y las entidades de crédito al 22,19%, según la propia Agencia Tributaria.

 

Impuesto sobre determinados servicios digitales (Tasa Google). Una medida que no ha sido capaz de salir adelante en ninguno de los foros supranacionales en los que se ha debatido, y de la que sólo se conoce información por la documentación enviada a Bruselas.

El objetivo sería recaudar 1.200 millones de euros. Una cifra elevada, teniendo en cuenta que el mercado de la publicidad digital y del comercio electrónico en España está rondando los 3.000 millones de euros. Una estimación más realista fue la realizada por el gobierno de Mariano Rajoy, que para el mismo gravamen cifró en 600 millones anuales los ingresos previstos.

Todo lo anterior, además de las más que probables represalias comerciales a tomar por parte de Estados Unidos, tal y como ya está sucediendo con Francia, primer país en ponerla en marcha. Trump ha impuesto aranceles del 100% a productos franceses por valor de 2.400 millones de dólares.

 

Impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin). Una figura fiscal cuyos efectos y su capacidad recaudatoria quedan extensamente ilustrados en el informe “El Coste de los nuevos impuestos”, de Acción Liberal Think Tank for Freedom[2]. En Suecia, el primer país en implantarla en 1984, la estimación inicial de ingresos fue de 1.500 millones de coronas suecas, y obtuvo de media 50, con un máximo de 80 millones. La razón fue una migración masiva de capitales hacia otros mercados. Algo similar ocurrió en Francia, un país donde el gravamen se ha triplicado en los últimos 9 años sin lograr el objetivo recaudatorio esperado.

Una estimación realista de ingresos, medida por comparables, estaría en torno a los 400 millones anuales, lejana a los 850 millones que preveía el Ejecutivo de Sánchez en la documentación enviada a Bruselas.

Impuesto para las pensiones. Una figura que no se detalla en el acuerdo, ni ha habido ningún tipo de documentación al respecto. El ejemplo más cercano lo encontramos en Francia, un país que lleva con este impuesto desde 1991, cuando se aprobó el 1,1% para los salarios y las rentas del capital. Desde el año 2005, debido a su incapacidad para solucionar el problema estructural de su sistema de pensiones, este gravamen asciende al 7,5% para los salarios, 8,2% para las rentas del capital y al 6,6% para los propios pensionistas.

Bajada del impuesto de sociedades al 23% para las PyMEs que facturen menos de 1 millón de euros. Una medida con escaso impacto, habida cuenta de que casi 1 millón de las empresas con este volumen de facturación (más del 70%) ya están en pérdidas, según la Agencia Tributaria y, por lo tanto, no tributan.

Nueva fiscalidad verde. Sin definir, aunque el Gobierno en funciones ya ha subido un 19% la tasa de las centrales nucleares.

 

Sistema de cotización por ingresos reales para autónomos. Una medida que supone un incremento de las cuotas al 70% de los autónomos persona física, según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Mercado laboral

 

La futura legislación del mercado laboral ha sido una de las buenas noticias del pacto de coalición. Frente a una derogación total (o en gran parte) de la reforma laboral, el documento final sólo ha retocado algunos aspectos, y la mayor parte de importancia menor. Lo más criticado por empresarios y analistas ha sido la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa, que supondrá mayores rigideces en la negociación de los salarios y, por lo tanto, mayores dificultades en procesos de ajuste ante situaciones de cambio de ciclo o de evolución a la baja.

Lo más preocupante en este ámbito, a la luz de los hechos, es la subida del salario mínimo interprofesional hasta el entorno de 1.200 euros a lo largo de la legislatura. Esta medida, además de suponer una barrera de entrada al mercado laboral para los más desfavorecidos, podría suponer un escollo adicional para un sistema que ya presenta síntomas de fin de ciclo. En los últimos seis meses España tiene casi 150.000 parados más y se han creado 180.000 puestos de trabajo menos que en 2018. Una evolución preocupante, que se agrava en los colectivos más vulnerables: Los sectores de la construcción y agrario ya han acabado el año con más parados que en 2018, y el sistema especial agrario y el del hogar están destruyendo empleo al 4,1% y al 3,4%, en términos interanuales, respectivamente.

Un elemento adicional a tener en cuenta es la escasa capacidad de dinamización de la demanda doméstica de este incremento. En la última subida de 2019, del 22%, el coste laboral de un recién titulado superior se ha incrementado en 1.163 euros, y su sueldo neto se ha reducido en 203,67 euros, según Think Tank Civismo.

Finanzas públicas

La política social de Unidas Podemos y PSOE es uno de los pocos puntos en los que el pacto refleja objetivos numéricos. Concretamente, el compromiso pasa por incrementar el gasto en 35.000 millones de euros: i) Gasto del 5% del PIB en el año 2025 en educación, que supone un incremento de 16.000 millones; ii) Gasto del 7% del PIB en 2025 en sanidad, que supone un incremento de casi 10.000 millones; y iii) Indexación de las pensiones al IPC y eliminación del factor de sostenibilidad y el índice de Revalorización de las Pensiones de la Seguridad Social, lo cual supone entre 9 y 10.000 millones anuales, en función de la evolución de los precios.

Los ingresos públicos, por su parte, y según las estimaciones remitidas por el Gobierno a Bruselas en el programa de Estabilidad (que ya hemos visto que son optimistas), incrementarán en unos 5.000 millones de euros.

El déficit público, por lo tanto, podría correr un riesgo de incremento en 30.000 millones de euros. Debemos recordar que el déficit de 2018 fue de 30.495 millones, por lo que el país se enfrenta a un escenario en el que el déficit no sólo podría dejar de caer, sino que podría llegar a duplicarse.

Vivienda

El programa incorpora la posibilidad de que las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos con zonas en las que el precio del alquiler esté tensionado puedan aplicar políticas de control de precios. Una medida peligrosa, cuyo fracaso ha sido evidente allá donde se ha implementado. El ejemplo más cercano lo tenemos en Berlín, donde se impuso un tope máximo del 10% sobre el precio medio de la vivienda en zonas tensionadas en el año 2015, y en 2019 las autoridades aprobaron la congelación del precio en los nuevos contratos de alquiler durante 5 años porque el incremento ya superaba el 20%.

Algo similar ocurrió en San Francisco, donde, de nuevo, la oferta se redujo (en este caso, un 15%) como consecuencia del control de precios, provocando un mercado desabastecido, en el que muchos tenedores de vivienda operan en negro, las listas de espera se incrementan y las soluciones de habitabilidad brillan por su ausencia.

De vuelta en España, Madrid y Barcelona son las dos ciudades más afectadas por el incremento de precios en el alquiler. Madrid ya ha dicho que no impondrá controles, y Barcelona no se ha pronunciado. Aunque, visto el historial de Ada Colau, su alcaldesa, todo indica que sí que se ejecutará esta medida.

Un programa de coalición, en definitiva, que arroja más sombras que luces, si bien es cierto que podría haber sido peor. El programa en solitario de Unidas Podemos recogía, entre otras cosas, la nacionalización total de Bankia y de una empresa energética, la derogación total de la reforma laboral y una serie de restricciones adicionales al mercado laboral que hubieran sido altamente nocivas para la economía española.

Las estimaciones de crecimiento para 2020 están en torno al 1,5% del PIB, con un elemento común entre la mayor parte de los analistas: los riesgos se acumulan, y son a la baja. El nuevo gobierno, al menos en términos económicos, podría suponer uno más. Será clave, por lo tanto, su capacidad de legislar ante un Parlamento tan dividido como el actual.

[1] Reported gross income and marginal tax rates: estimation of the behavioural reactions of Spanish taxpayers, Journal Applied Economics, Volume 47, 2015

[2] https://www.accionliberal.com/wp-content/uploads/2019/10/El-coste-de-los-nuevos-impuestos.pdf

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