[Disclaimer inicial: Este artículo fue publicado originalmente en la sección pensamiento de Bez.es, lo que debes saber, el día 28 de diciembre de 2016]
Diciembre de 2017. Esa es la fecha de caducidad de la hucha de las pensiones, en palabras del Gobierno actual. A finales de este año, el Fondo de Reserva de las pensiones contará con 13.500 millones de Euros, un 58,4% menos que hace un año. En la mayoría de las economías desarrolladas hemos confundido un Estado de Bienestar estable con uno sostenible, convencidos de que contamos con recursos prácticamente ilimitados. Sin embargo, la cruda realidad ya comienza a dar la cara, y las soluciones brillan por su ausencia en el debate público.
El sistema de pensiones en España, tras el Pacto de Toledo, funciona bajo un modelo de reparto, por el cual los trabajadores presentes pagan la pensión a los jubilados, con la esperanza de que sean las generaciones futuras las que paguen sus pensiones cuando decidan jubilarse. Se trata de un modelo óptimo desde un punto de vista teórico, aunque claramente insostenible en un país que pierde población (el crecimiento vegetativo en España fue de -2.000 personas en 2015) y en una economía donde uno de cada 5 trabajadores activos está en el paro. Es decir, sin base de cotización.
En 2025 habrá unos 18 millones de personas activas en el mercado laboral. Con una tasa (optimista) de paro del 8,26%, que fue la que se produjo en 2006, habrá 16,8 millones de trabajadores pagando las pensiones de 8,6 millones de jubilados. Es decir, 1,96 trabajadores por cada pensionista. Esto, a 9 años vista, en el escenario más optimista de evolución del mercado laboral, y suponiendo un incremento de la vida activa del trabajador hasta los 67 años.
Actualmente la pensión media por jubilación está en torno a los 1.037 Euros al mes. Para que los pensionistas no pierdan capacidad adquisitiva, esta cifra debería ascender a 1.240 Euros al mes en 2025. Esto suponen cerca de 200.000 millones de Euros destinados a las pensiones. Más de 70.000 millones de Euros con respecto al gasto de 2015. Si seguimos bajo el modelo actual, solamente existen dos opciones: o bien subir los impuestos y cotizaciones a la seguridad social con cargo al gasto en pensiones; o rebalancear aún más la carga impositiva a las generaciones venideras vía asunción de deuda pública. Desde luego, el panorama no es ni mucho menos alentador, y pensar que volveremos a la coyuntura de 2006 (año de creación del Fondo de Reserva) es una excelente forma de adentrarnos en las obras de ciencia ficción.
Por su parte, el número de partícipes de los fondos de pensiones privados han decrecido casi un 7% en los últimos cinco años, reflejando la incapacidad de ahorro de una economía que ha sufrido mucho. El patrimonio gestionado por fondos de inversión privados supone un 9,5% del PIB, muy lejos de la media de la Unión Europea (35%) o Reino Unido (95%).
Debemos evolucionar hacia un sistema de capitalización, en el que cada trabajador detrae recursos presentes para asegurarse sus propios recursos en el futuro. Se trata de un modelo de éxito en muchos países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Y, para construir un marco que no deje fuera a ningún segmento de la población, la transición debe de realizarse bajo un sistema mixto.
Un modelo a seguir podría ser el sistema sueco de pensiones. Combina el modelo de capitalización con el de reparto de forma equitativa para la población y generadora de incentivos al ahorro. En él, cada trabajador destina una parte de su renta a su propia pensión, a través de recursos gestionados por cuatro vehículos públicos independientes y, al menos, una entidad privada. Pero, además, existe una pensión mínima garantizada por el Estado para los segmentos de población más desfavorecidos.
También se hace necesaria una reestructuración en la cartera de inversión. Destinamos más del 60% de los fondos a renta fija (Bonos del Estado, básicamente), siendo uno de los países con mayor aversión al riesgo del mundo. Constituir un fondo similar al sueco, uno de los mayores del mundo en términos de patrimonio gestionado, nos permitiría contar con gestores capaces de aumentar la riqueza futura de la población, y romper el peligroso vínculo entre pensiones y deuda pública.
