Ya se ha presentado el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Y, con ellos, las reacciones partidistas, que solamente demuestran que el es independiente de lo que reflejen las cifras.

Los presupuestos propuestos no son ni mucho menos lo que necesita el país. Más bien, recogen la necesidad de mantener la estabilidad política y el orden social, siempre que se cumpla una condición exógena: un entorno macroeconómico favorable que nos permita seguir creando empleo.

El gasto público en España ha crecido durante 12 de los últimos 17 años. Si lo relativizamos en función del PIB, solamente ha disminuido de forma relevante durante los años 2013 y 2014. Tras ríos de tinta clamando contra la austeridad, sigue siendo una fantasía puesta en boca de unos pocos.

El menor ritmo de crecimiento del gasto público para el 2018 (+1,6%) es un consuelo menor para un país que continúa dejando en manos de una minoría (los políticos) la gestión del 40,5% del PIB generado en el país. La necesidad de lograr acuerdos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos ha borrado de la mente del Gobierno el objetivo de un superávit presupuestario, en un entorno en el que la economía lleva creciendo a tasas superiores al 3% durante los últimos años.

Fiar el ajuste presupuestario a los estabilizadores automáticos (menor gasto por desempleo, básicamente) y al menor coste de la deuda es peligroso. Máxime en un entorno de desaceleración económica en Estados Unidos, China y las economías más importantes de la Eurozona, especialmente Reino Unido. Los enormes desequilibrios monetarios que existen antes o después van a explotar, incrementando el impacto sobre nuestras finanzas públicas.

La reducción de la carga financiera de la deuda pública, reflejada en los pasivos financieros, asciende a 6.600 millones de Euros, a los que hay que añadir 588 millones adicionales que corresponden con el descenso de los intereses pagados. Estos son recursos que se han reposicionado en los últimos años, aumentando su plazo de devolución y reduciendo su tipo de interés como consecuencia de las condiciones económicas reinantes. Compensar este ahorro con partidas como el incremento de las pensiones, la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la subida de sueldo de los funcionarios, cuyo coste conjunto asciende a más de 6.000 millones de Euros, es pegarse un tiro en el pie.

La deuda que hemos refinanciado continúa siendo un pasivo a largo plazo para el herario público. O, lo que es lo mismo, tendremos que devolverla con intereses. Estos recursos se sumarán al gasto que hemos incrementado este año. Gasto que, por otra parte, es consolidable y, por lo tanto, sin apenas margen para el recorte o supresión en el futuro. La tensión sobre los presupuestos públicos en un horizonte de dos o tres años dará que hablar. Un país considerado sistémico («too big to fail»), con un 97,6% de deuda pública cuatro años después de dejar atrás la crisis, supone un riesgo para la Eurozona.

Otro mensaje que arrojan los PGE es la insostenibilidad del modelo de pensiones. A pesar del crecimiento acumulado durante los últimos años y de la fortaleza del mercado de trabajo, el Ministerio de Hacienda ha estimado que la Seguridad Social va a necesitar 41.748 millones de Euros en forma de crédito del Estado durante el año 2018, lo que supone un crecimiento del 13,9%, siendo la partida que más crece de los presupuestos. El anuncio (pre-electoral) a bombo y platillo de la mejora del poder adquisitivo de las pensiones, cuyo coste se incrementará en 5.188 millones de Euros, va a ser financiado casi íntegramente por el presupuesto público.

Desde el momento en el que se aprueben los PGE, cuando mire usted su nómina y vea las retenciones a la Seguridad Social, piense que hay otra partida de importe equivalente escondida entre su IRPF, destinada exactamente a lo mismo que la anterior. Después, entre al portal on-line de la Seguridad Social y sea consciente de lo que le queda para jubilarse. ¿Contento? Es nuestro maravilloso sistema de pensiones.

En relación con la parte de los ingresos, nos encontramos ante unos presupuestos tendenciales, en los que una evolución económica favorable provocará una mejora del 4,6% en la recaudación pública, excluyendo las operaciones financieras. En el 2017 el diferencial entre los ingresos presupuestados y los ejecutados fue del 1,43%, lo cual añade credibilidad a la estimación del año presente, siempre que se cumpla el cuadro macroeconómico.

Una propuesta que pasa por incrementar en casi 8.500 millones de Euros las transferencias corrientes no puede ser tildada de carecer de carácter social. PSOE y Podemos deberían dejar de lamerse sus heridas y dejar de mezclar las penurias electorales que muestran las encuestas con unos presupuestos que podrían ser firmados por ellos mismos, si tuvieran mínimamente en cuenta la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.

Sin embargo, queda patente que la carrera electoral ya está en marcha, y quienes la vamos a pagar somos los ciudadanos. Tanto en 2018 como en años venideros.