miércoles, agosto 5, 2020

 

Con nocturnidad y alevosía. Sin calendario de publicación previo, en pleno período navideño, y con la mayor parte de los españoles de vacaciones y sin ningún tipo de publicidad. Así publicó el Gobierno de Sánchez los últimos datos de déficit público correspondientes al mes de octubre.

Como no podía ser de otra manera, no son buenos datos. Es más. Son desastrosos. España acumula un agujero fiscal de 17.577 millones de euros durante los 10 primeros meses del año. Esto supone 4.567 millones de euros más que durante el mismo período de 2018, un incremento del 35%. Algo que, para un gobierno del PSOE capaz de llevar a España a la ruina económica con un déficit de casi el 10% como ya hizo en 2011, puede parecer irrelevante, pero que no lo es. Estamos hablando de un agujero del 1,41% del PIB, casi 4 décimas más que en 2018, en un entorno de máximos históricos de recaudación pública y, por consiguiente, de un gasto disparado, tanto de la Administración Central como de la regional. Ambas han crecido por encima del 5%.

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No es de extrañar, por consiguiente, el anuncio de:

  • Una nueva congelación de las pensiones, la segunda que hace un Gobierno socialista en los últimos años, rompiendo ya no sólo sus propias promesas electorales (algo a los que nos tienen acostumbrados), sino también la propia normativa de 2013 que establece un suelo del 0,25%.
  • Una nueva congelación del sueldo de los funcionarios,
  • Una nueva prórroga del impuesto de patrimonio, una figura “transitoria” y “extraordinaria”, establecida en 1977 como herramienta de control y no de recaudación.
  • Un incremento de la tasa nuclear del 19,3%, que la pagaremos usted y yo.

Las finanzas públicas están en los huesos. Un gobierno irresponsable, un año de período electoral continuado, los viernes sociales y una evolución económica que ya nadie duda que es a la baja agrandan un agujero de déficit que había venido empequeñeciéndose en los últimos años.

Un agujero que se torna especialmente alarmante observando la apertura por nivel de administración. Mientras que la Administración Central reduce su déficit, las Comunidades Autónomas pasan de un superávit de 1.632 millones de euros a un déficit de 4.428. Un agujero de más de 6.000 millones que sería un escándalo… si no tuviera truco.

A nadie se le escapa el uso indiscriminado de las herramientas públicas al antojo de Sánchez. Lo ha hecho con el CIS, con RTVE, con la Abogacía del Estado, con el presupuesto público, con el BOE… y con las transferencias entre autonomías. Concretamente, en octubre Sánchez debía casi 5.500 millones de euros a las regiones, provenientes tanto de la liquidación del IVA del año 2017 como de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica impagadas.

Por consiguiente, el retrato contable de Montero llevando a rajatabla las cuentas públicas se desdibuja como una pintura de mala calidad rociada con agua oxigenada. El incremento de casi 4.500 millones de euros en el gasto del Gobierno Central (un 5,1%) son casi 10.000 millones de euros de déficit trasladado directamente a las autonomías.

Las CCAA disparan el déficit

La liebre salta observando el detalle del déficit de las autonomías, y viendo cómo todas las del régimen común están incrementando su déficit con respecto al año pasado, mientras que las del régimen foral (País Vasco y Navarra) continúan con una dinámica de superávit en crecimiento.

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Alguno de los palmeros de Sánchez, viendo el análisis anterior, le faltaría tiempo para saltar contra los actuales bastiones liberales, especialmente Madrid Una de las pocas regiones, por cierto, que con datos a octubre cumplirían con el objetivo de déficit para todo el año (0,2%). Obviarían, por supuesto, la situación de Castilla La Mancha, Extremadura o Valencia, que superan ampliamente el 1%, sólo por poner algunos ejemplos.

Dicho de otra manera: incluso en un entorno de incumplimiento masivo por parte del Gobierno Central, hay regiones que mantienen los intereses de los ciudadanos por encima de los de sus partidos. Y por eso, como en 2011, se salvan. Y por eso también, ahora pueden financiarse en los mercados financieros, sin necesidad de acudir a Papá Estado.

El déficit se acerca al 2,5% otra vez

En definitiva, la publicación de los datos de déficit ponen en evidencia, una vez más, lo que en esta columna llevamos advirtiendo ya desde hace muchos meses: el déficit va a estar más cerca del 2,5% que ya registramos en 2018 que del 2% que mantenemos comprometido con Bruselas. De ser cierto, Sánchez ostentará el dudoso honor de romper con la tendencia a la baja que mantenía nuestro erario público desde la salida de la crisis. Esto, en su primer año de gobierno y con unos presupuestos heredados de 2017, dice mucho, pero nada bueno, sobre él.

Los datos de ingresos públicos que mostró la Agencia Tributaria el pasado día 23 evitan un empeoramiento de las perspectivas. Por motivos estacionales, los ingresos públicos mejoraron por encima de lo esperado en noviembre. Pero debemos mantener la alerta. Aún queda por saber el agujero que están acumulando los ayuntamientos, algunos de los cuales ya han pedido ayuda financiera al Estado y también han tenido elecciones en 2019.

Por el momento, lo que sabemos es que Sánchez, además de incumplir con el período de pago a proveedores (PyMEs) del Gobierno y con las Administraciones Regionales, también está frenando el pago de los créditos fiscales a empresas afines a él como es el Banco Santander, a quien le va a dejar a deber 1.000 millones de euros en 2019. A la señora Montero se le acaba el tiempo para hacer frente a las facturas, y en los próximos meses veremos cómo el déficit se dispara.

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Los votantes socialistas votaron el pasado 10 de noviembre para acabar con la emergencia climática y con la violencia de género. Ahora, lo que están viendo a diario es que su voto nos lleva a una emergencia política, territorial y económica. Y eso que el pacto entre Unidas Podemos y el PSOE anunciado el pasado lunes aún no se ha puesto en marcha.

Lo que parece claro es que debemos preparar nuestros bolsillos. Viene la guerra con Europa por los presupuestos y nuestras cuentas públicas y, de una u otra manera, más impuestos, más regulación, y menos libertad. Es lo que hemos votado. Bueno, algunos no. Pero lo sufrimos igual o más que los que sí lo han hecho y ahora se arrepienten.

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