lunes, diciembre 10, 2018

 

 

A Donald Trump se le pueden reprochar muchas cosas. Que está incumpliendo su programa electoral, o que ha mentido en campaña no creo que sea una de ellas. El proyecto de Presupuestos del Estado de Estados Unidos presentado hace unos días por la Casa Blanca al Congreso es un ejemplo de ello.

4,4 billones de dólares. Es la cifra que estima el Gobierno norteamericano que va a gastar en 2019. Desde luego, nada desdeñable, como tampoco lo es el déficit previsto, que oscilará entre los 984.000 millones y 1,3 billones de dólares, si se tiene en cuenta el acuerdo alcanzado hace sólo unas semanas para aumentar el techo de gasto en 300.000 millones de dólares. La crítica fácil arroja titulares como que Trump dobla el déficit en sólo un año, cuando en campaña criticaba a Obama por ello; o que la Agencia de Protección Ambiental es la más penalizada por los recortes de Trump, con un descenso del 25% en su gasto.

Todos estos mensajes son ciertos, aunque sesgados. Analizando con un mínimo de profundidad el proyecto presentado, tres son las palabras más repetidas en las partidas teñidas de rojo: duplicidad, ineficiencia y gasto discrecional. La mayor parte de recortes están orientados a eliminar entes públicos que no cumplen su función, o que tienen un componente de discrecionalidad elevado. Especialmente ilustrativo son los 3.500 millones de dólares de reducción del gasto discrecional en el Ministerio de Agricultura.

El gasto discrecional es el eslabón débil de la función pública. Es el resquicio por el que se cuela la corrupción y hace un daño irreparable al sistema en términos de confianza. Su reducción es una vuelta al papel de facilitador que tuvo el Estado en Norteamérica durante su época dorada, y es lo que Trump quiere devolver a sus ciudadanos.

Otro pilar básico de los presupuestos es la eliminación de duplicidades. Solamente en la Administración de Desarrollo Económico se iban al año más de 300.000 millones de dólares, siendo sus funciones duplicadas por el Ministerio de Agricultura y de Transporte. Otro ejemplo es la reducción de 1.100 millones de dólares que la administración Trump cree que puede conseguir desde el Ministerio de Empleo, eliminando programas que “están duplicados, son innecesarios, o son inefectivos”.

Todas estas reducciones, en un contexto de mayor disminución de carga fiscal de la historia reciente de Estados Unidos, implican una apuesta decidida de Estados Unidos por devolver la libertad y la prosperidad a sus ciudadanos. Es muy difícil predecir si Trump conseguirá hacer “América great again”, pues hay muchos factores externos que afectan a una conclusión de tal magnitud. Lo que sí que queda patente es que está usando todas las herramientas que tiene a su disposición para facilitar la transición del país hacia una economía próspera, libre y llena de oportunidades de donde nunca debió salir.

Los efectos ya se están haciendo notar. En Enero los salarios ya crecían a una tasa del 2,9% anualizada y se prevé una repatriación de capitales que podría oscilar en torno a los 2.000 millones de dólares. Este presupuesto, orientado al crecimiento de la economía real, creación de empleo y devolución de recursos a los ciudadanos, es una herramienta adicional para que esos datos sigan mostrando síntomas de vigorosidad en la economía norteamericana.

La falacia de que los presupuestos de 2019 suponen un recorte drástico en política social es un titular fácil que acompañar a determinadas partidas. Decir que la Administración para PyMES o que la Agencia de Protección ambiental han disminuido su presupuesto un 25% pierde todo el sentido cuando te das cuenta de que la primera supone un 0,02% del presupuesto y la segunda un 0,1%. El mayor recorte propuesto (8.900 millones de dólares) se ha propuesto para el Departamento de Estado, la Agencia para el Desarrollo Internacional, y el programa de inversión en instituciones supranacionales. Curiosamente, esta propuesta ya se hizo el año pasado y fue ignorada por el Congreso.

Estamos, por tanto, ante un proyecto de Presupuesto muy positivo, más para los ciudadanos norteamericanos que para sus instituciones públicas y políticos. Coincido con muchos analistas en que su talón de aquiles es el abultado incremento de déficit, que está claro que se ha instalado como modus operandi (o problema estructural) en el ADN de los políticos norteamericanos. Sin embargo, hasta esto tiene una lectura clara: El Gobierno norteamericano ha identificado dos amenazas claras y quiere estar preparado para atajarlas: el ISIS y la guerra nuclear con Corea del Norte. En Europa, mientras tanto, seguimos pensando que con cartas protocolarias y florecitas vamos a defendernos de quien ha declarado reiteradamente que nos quiere atacar.

Dejo para el final el punto que no tiene ninguna justificación: la política de infraestructuras. Pretender dopar a la economía con una inyección pública de tal calibre, aunque trate de aglutinar inversiones federales, locales y privadas, es apostar por sueños megalómanos alejados de la realidad. El empleo y la prosperidad volverán a Estados Unidos de la mano de menores impuestos y mayor libertad al sector privado, no a través de chutes a grandes conglomerados con capacidad excedentaria instalada desde hace años que lo único que van a hacer es incrementar ligeramente el grado de uso de dicha capacidad, por lo que el grado de efectividad de estas políticas será muy limitado.

Me quedo, por lo tanto, con el mensaje general. Que el principal productor de petróleo del mundo, gracias al fracking, decida reducir el 66% de su presupuesto destinado a la Oficina de eficiencia energética y energía renovable es una excelente señal. Significa que existe hueco para que las energías alternativas sean rentables de la mano de agentes privados. Y éstos serán quienes hagan de ellas otro sector diferencial adicional para la economía norteamericana.

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