sábado, diciembre 14, 2019

Sánchez está en una encrucijada. Debe elegir entre dejar caer en el abismo del déficit a prácticamente todas las Comunidades Autónomas, o dejar de usar como rehenes a los españoles y ceder ante el interés público.

Desde hace ya varios días el Gobierno en funciones tiene en pie de guerra a los responsables de prácticamente todas las regiones españolas. ¿El motivo? Nada más y nada menos que casi 7.200 millones de euros que figuraban en los Presupuestos Generales del Estado, y que finalmente no serán transferidos a los entes autónomos.

Esta vulneración, arbitraria e interesada a partes iguales, de derechos de prácticamente todos los ciudadanos, podría suponer un punto y aparte en el sistema de financiación autonómica, y en la relación de las regiones con el Gobierno central. Dentro del complejo y opaco sistema que rige las normas de reparto de fondos entre las Comunidades Autónomas, existe un mecanismo por el cual los recursos recaudados, al alza o a la baja con respecto al presupuesto inicial, por los entes autonómicos en un año determinado serán reembolsados dos años más tarde.

Dicho de otra manera, los 7.200 millones de euros son recursos del contribuyente regional que ya ha sido prestado a las arcas públicas estatales durante dos años, y ahora figuran en los presupuestos autonómicos para cubrir el gasto del ejercicio en curso. Llama la atención el supuesto carácter «extraordinario» de éste incumplimiento, teniendo en cuenta que Sánchez no ha sido capaz de sacar adelante unos presupuestos propios, y nunca ha habido problemas para desbloquear estos recursos. ¿No creen?

Sorprende tanto que, sin duda, es una maniobra política. Por obra y gracia de Pedro Sánchez.

Un ejercicio político, que, por cierto, está viniendo de perlas a prácticamente todos los partidos para usar la rebaja fiscal de Madrid con fines electoralistas. Al intento (en vano) de Aguado durante el día de ayer de desacreditar la rebaja fiscal de Ayuso le ha seguido una reacción en tromba del resto de formaciones políticas. Una reacción que, en el caso del PSOE, le deja como partido de oposición que aspira a gobernar. O, al menos, que teme (y mucho) a la gran arma electoral de la derecha y, especialmente, del PP.

Este posicionamiento se debilita especialmente cuando Isabel Díaz Ayuso responde recortando la factura fiscal de los madrileños. Concretamente, ayer jueves confirmó que van a comenzar reduciendo la fiscalidad a los dependientes, a los jóvenes menores de 30 años que quieren comprar una vivienda y a los estudiantes que necesitan pedir créditos para sufragar gastos de estudios.

Lo que quizás no ha incluido Sánchez en su calculadora electoral son los ganadores y los perdedores de este envite. Ya estamos observando cómo varias regiones necesitan recursos urgentes a través del FLA por la deriva de sus cuentas públicas. La perspectiva regional está lejos de ser optimista en cuanto al cumplimiento de los objetivos de déficit público para 2019. Muchas de las comunidades gobernadas por el PSOE no sólo tienen las ratios de déficit más elevados, sino que se alejan cada vez más del 0,1% de déficit comprometido.

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Tras el varapalo de Sánchez, Montero & co, vamos a ver en los próximos meses tensiones de liquidez en las arcas autonómicas y un incremento en el período medio de pago a los proveedores. Esto supone un quebradero de cabeza para los empresarios de calle que trabajan a diario para sacar sus negocios adelante relacionándose con entes públicos. Ahora, a sus problemas, tienen que añadir los caprichos de nuestro presidente en funciones.

Que Sánchez dé su brazo a torcer (o no) dependerá, fundamentalmente, de dos elementos:

  1. El impacto real de la desaceleración (y más que probable crisis) sobre nuestra economía.
  2. La evolución de las encuestas electorales durante las próximas semanas. Es triste, pero el dinero de todos también formará parte de la calculadora electoral, ahora que los viernes sociales se han acabado y no hay margen para más.

La parte positiva del sistema de financiación autonómica es que la desaceleración, que ya estamos viendo en la evolución de la recaudación tributaria, no se trasladará a las cuentas regionales hasta dentro de dos años. Por lo tanto, habrá margen de maniobra vía gasto público o tributos propios para absorber el impacto. Vean esta gráfica del informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica para comprender el notable desfase temporal entre la recaudación tributaria y su impacto sobre los ingresos de las Comunidades Autónomas.

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Que el modelo de financiación autonómica está, cuanto menos, obsoleto, es un hecho probado. Las continuas reclamaciones de todas las Comunidades Autónomas solamente certifican un modelo que, a día de hoy, ya no sirve.

El modelo actual es opaco, diluye la responsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas en Papá Estado, genera incentivos perversos en relación con la unidad de España y, sobre todo, es arbitrario. Por el momento, en pleno siglo XXI no parece muy útil una herramienta fiscal que liquide cuentas pendientes entre las regiones y el Gobierno Central dos años después de los hechos producidos, y que deje al juicio personal del presidente el ingreso a cuenta de unos recursos que pertenecen a las Comunidades Autónomas.

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El impacto ya no sólo es directo hacia los ciudadanos, que verán mermados sus servicios públicos o incrementados sus impuestos futuros por la deuda. También, existe un efecto indirecto en la inestabilidad financiera e institucional, que podría suponer una incapacidad para aprobar presupuestos regionales. Todo ello por no hablar de la falta de credibilidad que supondrá un nuevo repunte del déficit, tal y como hemos advertido y apuntan todos los organismos, que nos aleja del 2% pactado con Bruselas.

Sánchez no sólo ha secuestrado instituciones públicas, como el CIS o RTVE. También ha adulterado orgnismos independientes y usado plataformas de gobierno para intereses electoralistas y personalistas. La irresponsabilidad y el oportunismo político a cualquier precio deberían tener un coste en las urnas.

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