domingo, octubre 21, 2018

Las primeras declaraciones de Theresa May sobre el Brexit han sido más duras de lo que muchos analistas y expertos se esperaban. Básicamente, ha apostado por un Brexit duro, sin medias tintas, que impulse de nuevo al Reino Unido hacia el pódium de crecimiento económico internacional. Ha negado rotundamente una desvinculación parcial con la UE, y ha amenazado con una política fiscal agresiva para minimizar el impacto.

Como ya hemos comentado en este blog, Reino Unido tiene muchos de los síntomas que podrían estar anticipando una crisis (Click aquí para leer). El Brexit dejó una serie de lecciones que debemos de tener en cuenta, incluso, a la hora de gestionar el proceso. El mandato que las urnas otorgaron (indirectamente) a Theresa May no fue mayoritario pero sí conciso: Los ciudadanos ingleses querían gestionar los procesos migratorios que afectaban a su país. Quizás no midieron adecuadamente el coste que iban a tener que pagar para lograrlo, pero fue lo que pidieron. Y Theresa May solamente lo está ejecutando.

Una guerra comercial no interesa a ninguna de las partes. Europa, por enfrentarse a una de las mayores economías del mundo que, además, cuenta con el apoyo de Donald Trump. Reino Unido, porque la Unión Europea supone el 44% de sus exportaciones, con un déficit comercial que aumenta año tras año.

Fuente: UK Trade info

Fuente: UK Trade info

Sin embargo, quien tiene menos que perder es el Reino Unido. Convertir dificultades en oportunidades también forma parte de cualquier gestor, incluidos los públicos. Los economistas ingleses saben perfectamente que tienen un problema de deuda externa relevante (aproximadamente el 350% del PIB en 2015) cuya solución solamente pasa por una vía: el superávit exterior. Y, aunque aún no lo han logrado con los países que no forman parte de la UE, no sería sorprendente que dicha condición se produjera cuando el Brexit finalmente se ejecute, vista la evolución:

Fuente: UK trade info

El déficit comercial con los países no UE se ha reducido un 79% en los últimos tres años. Incluso, en el 2013 lograron un superávit comercial derivado de un incremento del casi 40.000 millones de libras en las exportaciones. Estados Unidos, que se está tornando en el principal aliado en el Brexit, es el país receptor de referencia. Casi una de cada cuatro libras exportadas se destinan a Norteamérica.

Sin unas perspectivas de crecimiento claras de la UE, Reino Unido estará viendo cómo se le complica la consecución del superávit comercial y, por tanto, su potencial problema de deuda externa. Además, están dispuestos a complementar su política de comercio exterior con incentivos fiscales orientados a las empresas del país. Ante la voracidad que han mostrado muchas de las capitales europeas (Madrid entre ellas) para pescar en río revuelto y recoger la descapitalización que potencialmente sufrirá Londres, el Gobierno inglés está decidido a reducir el impuesto de sociedades al 17%, llegándose incluso a hablar de niveles del 12%.

Esta reducción de la carga impositiva sobre empresas se antoja complicada a la par que contraproducente para la economía inglesa. Sus finanzas quedaron solventadas bajo el puño de hierro de Margharet Thatcher. Sin embargo, la entrada en el Euro y especialmente la dureza derivada de una crisis que afectó principalmente al sector financiero (uno de los motores económicos del país) ha conducido a un empeoramiento severo de sus cuentas públicas:

Fuente: UK Government Budget

En 2015 la deuda pública ascendió hasta el 89,2% del PIB, 43 puntos porcentuales más que en 2007. Minimizar el impacto a corto plazo del Brexit es fundamental a la hora de orquestar la transición hacia el nuevo posicionamiento del país a nivel mundial. Eso también lo cubrió Theresa May en su rueda de prensa. Algún iluminado podría pensar que la aportación a la UE ahorrada junto con la recaudación por aranceles pueden actuar de palanca de crecimiento de los ingresos públicos. Nada más lejos de la realidad. El menor volumen comercial compensará estos efectos, e incluso podría superarlos.

Queda por ver, por lo tanto, si la economía puede soportar una reducción del impuesto de sociedades. Máxime cuando el sector inmobiliario se desinflará, cuanto menos, por un menor aumento de la población. Estabilizar el sector financiero y pinchar la burbuja inmobiliaria sin generar un shock económico son realmente los retos en términos de economía interna que tendrá que afrontar la economía para que el Brexit no sea un proceso en el que realmente el remedio fue peor que la enfermedad.

La Primera Ministra inglesa salió a hablar ante el mundo con datos de coyuntura económica muy lejanos al apocalipsis predicho por muchos analistas y con el apoyo del Gobierno de Donald Trump, que cifró en seis meses el período estimado para alcanzar un acuerdo comercial con Inglaterra. Mientras, la Unión Europea comienza a atisbar señales de inflación aunque no de crecimiento económico, y parece que nuestros dirigentes están más preocupados por el sufrimiento de nuestros (ex)socios ingleses como barrera de contención ante incipientes procesos independentistas que por tratar de minimizar la pérdida de valor derivada del Brexit.

No creo que haya muchas empresas dispuestas a abandonar un marco regulatorio estable y business friendly para acabar en un país con unas infraestructuras y capital humano similares, aunque con una voracidad recaudatoria claramente más agresiva que la del de partida. El Brexit por sí mismo no va a producir una migración masiva de empresas (financieras, básicamente) hacia otros países europeos. Se necesita, además, que el empresario comience a ser tratado como un generador de empleo y riqueza, y no como una vaca a la que exprimir para que un ejército de burócratas hagan y deshagan a su antojo. En el caso español, la Comunidad de Madrid es la principal receptora de inversión privada extranjera y una de las que menor tasa de paro tienen del país. Y, en el camino para continuar por esta senda, la acusan de dumping fiscal.

Increíble, hipócrita y ajeno a la realidad por partes iguales.

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