miércoles, enero 20, 2021

 

La acción del Gobierno de España durante este estado de alarma eterno está siendo memorable. Según nuestros responsables públicos, era necesario abordar con urgencia dos asuntos de preocupación nacional. El primero, ser uno de los pocos países del mundo en los que se regula la muerte; y el segundo, el juego del trilero a cargo de la factura eléctrica con el único objetivo de que parezca que todo se mueve para que en realidad no se mueva nada.

Porque no se engañen, lo único que ha ocurrido con el nuevo modelo de financiación de las energías renovables ha sido mover el coste de unos recursos poco productivos desde unos agentes a otros para que usted y yo lo sigamos pagando. A esto que les acabo de explicar le han dado un nombre complejo (Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, o FNSSE), pero no deja de ser un impuesto que lo vamos a pagar en una factura todos, o unos pocos con sus empleos.

Las subvenciones a las renovables vieron la luz en el año 2007, bajo el argumento de que para fomentar el despegue de energías que hicieran posible una economía sostenible (lo que ahora llaman verde) era necesario un impulso económico.

Según la previsión del Gobierno de 2009, el sobrecoste que suponían estas primas ascendía a 4.008 millones de euros. Hoy, 11 años después, dicho sobre coste asciende a 7.000 millones de euros. 

Dicho de otra manera: un Gobierno socialista impulsó un sistema de intervención en las energías renovables a cargo del contribuyente que se ha demostrado ineficiente y, en lugar de eliminarlo, se usa como arma de demagogia populista a pesar de la inseguridad jurídica que ello genera.

Las compañías más perjudicadas

¿Cuál es la diferencia entre la anterior regulación y la actual, impulsada por la ministra Ribera? Sencillo: los 7.000 millones eran sufragados íntegramente por las eléctricas (y trasladados escrupulosamente a la factura de la luz), y ahora serán compartidos entre las mismas eléctricas y todas las empresas energéticas que operen en el país.

Las empresas más afectadas, según muchos analistas, serán Repsol (que aportará entre 900 y 1.400 millones), Endesa (600-930), Cepsa (506-721), Naturgy (463-721), Iberdrola, BP y Galp. Esta factura se irá digiriendo progresivamente hasta el año 2025, cuando todas las empresas de hidrocarburos (43,7%), de gas (24,8%) y de electricidad (31,5%) tendrán que aportar a dicho fondo hasta 4.765 millones de euros.

Todo ello, según Sánchez y compañía, con el objetivo de abaratar la factura de la luz un 13%. Porque, al parecer (nótese la ironía), nuestro presidente cree que en los hogares españoles no hay agua caliente, calefacción, ni vehículos a motor para moverse.

Tras décadas de subvenciones de dudosa utilidad el recibo de la luz ha subido. Pensar que trasladando el coste de dichas subvenciones a otras empresas no van a subir sus respectivos recibos es de una inocencia que roza la ignorancia. Desconozco si la luz bajará, lo que sí que sé es que los combustibles fósiles y el gas natural van a subir por imposición gubernamental. 

En este momento el 50% de la factura de la luz y de los combustibles (tanto diésel como gasolina) son impuestos. A partir de ahora este componente se reducirá ligeramente en el caso de la luz y aumentará (aún más) en carburantes y en el gas natural. El resultado va a ser una recaudación exactamente igual que la que había antes, pero repartida.

¿Quién gana y quién pierde con esta nueva regulación? Nadie. El Estado continúa recaudando unos impuestos que estarían mejor en el bolsillo del contribuyente y usted sigue pagando lo mismo, aunque repartido entre varias facturas.

La Ministra Ribera ha dicho que esta reforma pretende hacer más competitiva la electricidad frente a los combustibles fósiles. En España los costes energéticos son de los más elevados de toda Europa, eso hace a las familias más pobres y a las empresas menos competitivas.

La electricidad es un buen ejemplo de ello. Somos el quinto país con la energía eléctrica más cara de Europa. ¿Va a suponer esto un ahorro tan importante como para hacerla competitiva? Permítanme dudarlo.

En cuanto a los combustibles fósiles, también somos uno de los países más caros en relación con el precio pagado por el consumidor final. Tanto que en el sector de los transportes, responsable del 24% de las emisiones de CO2 en Europa, la migración hacia un modelo basado en energías más limpias aún no es rentable. Esto se acentúa, además, si tenemos en cuenta que en este momento los vehículos eléctricos no son ni de lejos un sustitutivo a la altura de los de combustión.

Este movimiento de trilero, por lo tanto, consiste en mover la bolita para confundir a los agentes para que nada cambie. Ni es un incentivo al impulso de energías más limpias (léase, la electricidad producida por energías renovables) ni tampoco supone un coste de la factura energética de los hogares y empresas españolas.

Lo que sí que tiene es un fuerte componente político: se legisla en favor de quienes se van a ver beneficiados de los fondos Next Generation EU y en contra de los apestados del pensamiento único en torno a la economía verde, las empresas de hidrocarburos.

Tras 11 años deberíamos haber aprendido que la tecnología y la competencia son mucho mejores aliados de la producción de energías renovables que el Estado. También, que la reducción de impuestos es un arma mucho más potente si lo que queremos realmente es reducir la factura energética de los agentes económicos.

Pero ya saben que eso de liberalizar y apostar por el libre mercado son palabros malditos y propios de otra época. Una época, por cierto, en la que España demostró su capacidad para crecer y mejorar la vida de la gente, algo que el gobierno más intervencionista de la historia de nuestra democracia quiere que todos ignoremos.

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